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Primeros acuerdos entre PSOE y Sumar para impulsar la iniciativa legislativa popular que el Congreso tomó en consideración hace unos meses y que permitiría regularizar su situación a unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
Ambas formaciones, que esta semana acordaron reanudar la tramitación del texto tras casi medio año de parón, pactaron este miércoles ampliar el alcance de esta medida para que puedan beneficiarse de ella todas aquellas personas sin papeles que residan en España desde, al menos, el 31 de diciembre de 2023.
Los dos socios de Gobierno presentaron una enmienda en esos términos a la iniciativa, que en su redacción original pretendía que a la regularización masiva pudieran optar los migrantes que hubieran llegado a España antes del 1 de noviembre de 2021.
PSOE y Sumar consideran que esta ley, de ponerse en marcha, "será la forma más eficaz de combatir la vulnerabilidad y la explotación laboral de las personas migrantes", y consideran que el aumento de las regularizaciones de inmigrantes en los últimos años demuestra que, "con requisitos claros y posibilistas, decenas de miles de personas extranjeras pueden incorporarse al mercado laboral y lograr una inclusión plena en nuestra sociedad".
El PP, que también apoyó el pasado abril el inicio de la tramitación de esta iniciativa, registró igualmente sus propias enmiendas a la norma, aunque en sentido contrario: los populares apuestan por restringir el alcance de la regularización, que esta se haga "de forma individualizada y no generalizada", y que de ella solo puedan beneficiarse quienes residan en España desde antes de noviembre de 2021.
PSOE y Sumar allanan el camino para aprobar en el Congreso la regularización de medio millón de inmigrantes
Los populares plantean además la necesidad de establecer como requisito que los extranjeros que se acojan a la medida carezcan de antecedentes penales y asuman "el compromiso expreso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea".
Los migrantes, además, tendrían que acreditar que están realizando o han realizado una actividad económica continuada en España por un tiempo de al menos un año o, en su caso, que cuentan "con un proyecto permanente y viable de explotación o desarrollo de actividad por cuenta propia de al menos un año". También podrían acceder a los papeles los solicitantes de asilo que no hayan recibido respuesta negativa de la administración.
Para la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, asimismo, la ley debería contemplar un aumento de la dotación "humana, material y económica" de las oficinas de extranjería, "para garantizar que los trámites previstos en la iniciativa legislativa popular podrán llevarse a cabo de manera efectiva por parte de los solicitantes".
Una larga tramitación por delante
La presentación de las enmiendas por parte de los dos grupos mayoritarios del Congreso supone el pistoletazo de salida de una tramitación que se prevé larga, pero en la que existen opciones de alcanzar un acuerdo que incluya a PP, PSOE, Sumar y otras formaciones minoritarias.
Eso fue lo que ya ocurrió en abril, cuando la iniciativa fue aceptada a trámite con el apoyo de toda la Cámara Baja a excepción de Vox, aunque entonces varios grupos —especialmente los de la derecha— expresaron ya su deseo de restringir el ámbito de aplicación de la regularización.
De hecho, en ese primer debate, el PP ya defendió que una regularización masiva podría generar un efecto llamada. "Debemos enfrentar la situación de forma rigurosa", sostuvo entonces la diputada melillense Sofía Acedo, que aseguró que "tenemos que tener claro que no sería responsable ni positivo lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares [de entrada al territorio] son homologadas" a las vías legales.
No obstante, la diputada del PP reconoció que la ONG eclesiástica Cáritas, una de las impulsoras de la iniciativa, había "pedido" al partido que se discutiera el texto, así como "también los empleadores, que necesitan imperiosamente mano de obra".
Dudas similares expresaron entonces el PNV y Junts. Los nacionalistas vascos plantearon que la regularización debe estudiarse "caso a caso" y no plantearse de manera masiva, mientras los independentistas catalanes votaron a favor de la toma en consideración por "respeto" a las organizaciones que han promovido el texto y no, necesariamente, porque apoye el "fondo" de la cuestión.
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