El Congreso da luz verde a tramitar la ley para ilegalizar la Fundación Franco con el único voto en contra de Vox

El Congreso inicia los trámites para taponar las vías por las cuáles la Fundación Nacional Francisco Franco puede intentar escapar a su ilegalización. Este martes, la Cámara Baja aprobó la toma en consideración de la reforma legal por la cual se podrá prohibir la existencia de asociaciones que realicen apología del franquismo, elogien a sus dirigentes o ensalcen el golpe de Estado o la dictadura que le siguió.

Y lo hizo con el voto a favor de PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios progresistas y nacionalistas, así como con el del PP, que apoyó la iniciativa pese a pronunciar un durísimo discurso contra el Gobierno y que anunció que presentará enmiendas para ampliar la prohibición a las entidades que ensalcen otros regímenes autoritarios. El único partido que rechazó la norma fue Vox.

La propuesta que comenzó a tramitarse este martes en el Congreso es consecuencia de la ley de memoria democrática que fue aprobada en 2022, en la cual se daba un plazo de un año —finalmente han sido dos— para enmendar la ley de asociaciones con el fin de declarar ilegales las entidades que exalten el franquismo.

La reforma, que es muy breve, se limita a situar como "causa de disolución" la "realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior". El procedimiento para ilegalizar una asociación lo iniciaría la Fiscalía, y la decisión final la tomaría un juez.

En la ley de hace un par de años ya quedaron proscritas las fundaciones que se dedicaran a estos fines, y por ello el pasado mes de junio el Ministerio de Cultura inició los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Pero la legislación sobre memoria democrática, al tener rango de ley, no podía modificar la ley orgánica de asociaciones, que está un escalón por encima en el rango normativo.

De ahí que sea necesario realizar una reforma por separado de esta norma, con la cual, además, el Gobierno pretende evitar que la Fundación Francisco Franco se transforme en asociación para esquivar su prohibición.

 El debate de este martes únicamente era de toma en consideración, el primer paso de una tramitación que comienza ahora y a la cual le quedan varias fases hasta que el texto sea aprobado definitivamente. No obstante, los discursos de varios de los portavoces fueron enormemente encendidos, especialmente el del diputado del PP Jaime de Olano, pese a que su grupo terminó apoyando la iniciativa.

Olano, en cualquier caso, apenas habló de la posibilidad de ilegalizar asociaciones profranquistas y prefirió dedicar su intervención —durante la que tuvo que ser llamado a la cuestión por la Presidencia en varias ocasiones— a acusar al PSOE de "exaltar a Hamás", "jalear a terroristas", haberse convertido en un "estercolero moral" y estar "con ETA". 

 El PP acusa al Gobierno de "elegir a ETA"
Esto último, según Olano, lo demuestra la decisión del Gobierno de no retirar la reforma legal que permitirá a 44 presos etarras conmutar los años que hayan pasado en prisión en otros países y, por tanto, acortar el tiempo de condena que les queda en España y salir antes de la cárcel.

El futuro de reforma, que apoyaron inicialmente PP y Vox —según ellos por error—, está "en manos" del Ejecutivo, espetó el diputado popular, que puso al PSOE en la disyuntiva de "decidir si estar con la dignidad o con la ignominia" y se mostró convencido de que "entre las alimañas y las víctimas de ETA, elegirán de nuevo ETA", una afirmación que provocó airadas protestas de las bancadas socialista y de Sumar.

La única referencia de Olano a la dictadura franquista fue para asegurar que el PP "ha condenado la dictadura en múltiples ocasiones" mientras que el PSOE no hace lo propio con regímenes como el venezolano.

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Fue más, en cualquier caso, de lo que hizo Vox, que acusó al Gobierno de querer reprimir la libertad de asociación y se mostró extremadamente crítico con una iniciativa que prohibiría las asociaciones que exalten "el levantamiento" de 1936 y la figura del "general Franco", así como con el propio PSOE, a quien el diputado ultra Ignacio Hoces acusó de ser "responsable directo" de la Guerra Civil.

Los socialistas, por su parte, se dedicaron a insistir durante todo el martes en que la votación sobre esta reforma legal iba a permitir discernir qué grupos están a favor del reconocimiento de las víctimas de la dictadura y cuáles no. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que "o se está en contra de la apología del franquismo, o se está en connivencia con la dictadura, o se está en contra del menosprecio a las víctimas o se mira para otro lado".

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