Impacto España Noticias
La UCO ha hallado facturas desaparecidas e ilegibles en la contabilidad que el PSOE remitió al juez de la Audiencia Nacional.
Todo esto ocurre en plena investigación por la financiación ilegal del partido y obliga a los investigadores a reconstruir gastos que, sencillamente, no aparecen. Los agentes llevan semanas comparando la documentación que el partido entregó al juzgado con la que remitió al Tribunal de Cuentas. Y las dos versiones no encajan.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado dos tipos de anomalías, según las fuentes de la investigación consultadas. La primera: faltan facturas de gastos en la documentación que el PSOE puso en manos de la Audiencia Nacional. La segunda: hay facturas 'ininteligibles', con conceptos que no se pueden descifrar y cuya veracidad los investigadores ponen en cuestión. Los agentes intentan ahora reconstruir el origen de esos descuadres en una causa que sigue bajo secreto de sumario.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, el magistrado Ismael Moreno, ya había reclamado al partido 'la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta 2024', con un plazo de diez días. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo acreditara a nivel indiciario, en el marco del caso mascarillas, el descontrol del dinero en efectivo en la sede de Ferraz. Más tarde pidió al Tribunal de Cuentas las cuentas y las donaciones que el PSOE le había remitido para fiscalizarlas.
En el centro de la pieza secreta está el pitufeo, el fraccionamiento de aportaciones en efectivo para esquivar los controles. Ahí se miran los pagos en sobres detectados en la secretaría de Organización cuando la ocupaba el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y también las donaciones de empresarios. La sospecha del juez y de la Fiscalía Anticorrupción es que por esa vía se camuflaban pagos de constructores a cambio de amaños en grandes obras públicas.
Hay un mecanismo que se explica en dos pasos. El dinero entraba en la cuenta de donaciones y desde ahí se transfería a la cuenta de funcionamiento, la que paga viajes, dietas y gastos corrientes. Así volvía al circuito legal. Un ingreso privado acababa convertido en gasto ordinario del partido.
El cruce no busca un error de forma: hay gastos sin factura y facturas cuyo contenido no se puede leer.
El empresario Víctor de Aldama, que ya ha declarado dos veces ante el juez en esta pieza, sostiene que canalizó pagos por 1,8 millones entre 2019 y 2020 y señala a constructoras como Levantina. Aportó, según el relato de la causa, listados de adjudicaciones con anotaciones manuscritas de Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos.
La investigación tiene además un ramal exterior: el petróleo venezolano. La Justicia rastrea cientos de mensajes entre Aldama y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sobre la compraventa de cientos de miles de barriles y pagos en países como Rusia para eludir las sanciones internacionales. En el sumario también figura un contrato entre las sociedades Apamate y Deluxe Fortune que, según el testimonio del empresario, dio cobertura a la llegada de ese dinero a España y a su reparto en efectivo.
Los casos de financiación irregular que han llegado a juicio en España se han decidido casi siempre por la vía documental: la contabilidad paralela, la factura sin soporte o el pago en efectivo sin justificar han sido la prueba que sostuvo las condenas. Por eso el cruce que hace la UCO pesa más de lo que parece. No busca interpretaciones. Busca papeles.
El precedente inmediato está en el caso mascarillas, donde el Supremo apreció indicios de descontrol del efectivo en Ferraz. A partir de ahí, el juzgado ha ido tirando del hilo: primero los pagos en metálico, luego las donaciones, después las facturas.
La causa sigue declarada secreta, así que lo conocido llega por fuentes y no por escritos judiciales. No consta imputación formal ligada a estas facturas y cualquier conclusión sobre responsabilidades es prematura.
Queda por saber si los descuadres se traducen en diligencias concretas y si el instructor levanta el secreto del sumario. Ese paso permitiría al partido y a los afectados defenderse con el expediente completo y no con filtraciones.
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