Las medidas antilibertad no pueden combatirse a medias

El centro no es la equidistancia entre el comunismo y el liberalismo. Poner a las ideas de la libertad en un extremo y a las de la represión en otro es una falacia que busca escorar ese supuesto centro hacia la izquierda confiscatoria. El centro no es la postura cómoda de contable del socialismo.

La indefinición no es una meta, es un fracaso. En un país donde el partido socialista es cada vez más radical en sus propuestas liberticidas y además se ve empujado a ser todavía más intervencionista por sus socios comunistas y separatistas, no se puede hablar de centralidad aceptando la mitad de las medidas antilibertad. La libertad no se negocia ni se discute. Se defiende. Aunque se tenga minoría parlamentaria durante un tiempo.

 Defender la libertad no es cómodo ni agradable. Las huestes liberticidas siempre van a atacarte. Pero ¿sabes una cosa? Esas huestes también te atacan cuando te pliegas a sus postulados. Es fácil prometer regalos con el dinero de los demás que luego ni se otorgan ni se pueden financiar, pero luego te echan la culpa de todo igualmente.

 Esta semana hemos asistido con estupor a la propuesta de modificar la Ley de Vivienda para que no proteja a okupas que ingresen 1.800 euros al mes. Vamos, que, si usted gana menos de 1.800 euros al mes, o gana más en «B» puede usted usurpar y asaltar la propiedad de los demás.

 La ley de vivienda no se retoca, se deroga. El concepto de marco especial de vulnerabilidad económica es una aberración que asume que los contratos no son válidos según les parezca a los gobiernos.

 La política social no es competencia de los propietarios ni de las empresas, sino del Gobierno. Para eso pagamos unos impuestos desorbitados.

Si les preocupan las personas con vulnerabilidad económica, que destinen parte de los 5.000 millones de euros que dedican a «asuntos económicos», los 4.000 que dedican a «Agenda 2030» o los 10.000 que gastan en «transición ecológica» para construir las 260.000 viviendas de protección oficial que llevan prometiendo desde 2018 y de las que no han construido ninguna.

Si les preocupa la pobreza, que defiendan la libertad de empresa, que es lo único que la erradica. Si quieren hacer política social, no usen el balance y el patrimonio de ahorradores y empresas españolas.

 La semana laboral de cuatro días impuesta por ley no se suaviza. Se rechaza y se defiende la libertad de empresa, que es lo único que genera riqueza, productividad y empleo. La contrarreforma laboral no se tolera. Se deroga.

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En un país donde hay 3,7 millones de personas apuntadas al SEPE y el Gobierno cuenta que solo hay 2,5 millones de parados, tolerar es condenar a nuestro país a otra década perdida. Es urgente que las comunidades autónomas empiecen a publicar los datos de paro efectivo y dejar de usar el maquillaje creado por el Ejecutivo para inventarse el cohete.

 La deuda pública no se negocia. Se reduce. No existe el aberrante concepto de «derecho al déficit» cuando a la vez se negocia contra la libertad de los ciudadanos.

 La subida de impuestos no se suaviza. Se revierte. En un país donde toda la subida salarial de 2023 ha sido absorbida por el hachazo fiscal de la inflación y el Gobierno ha disparado el esfuerzo fiscal hasta situarlo un 17,8% por encima de la media de la Unión Europea, no se hacen juegos malabares con las propuestas de política fiscal, especialmente cuando el gasto burocrático se ha disparado en 80.000 millones de euros y se gastan decenas de miles de millones de euros en partidas como las antes descritas.

Madrid acaba de demostrar que se recauda más y se sostienen los servicios públicos excelentes reduciendo la asfixia tributaria.

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