Llega a España, y algunos ciudadanos ya lo han recibido, el temido impuesto del ‘basurazo’ por obra y gracia del Gobierno de Sánchez, y en virtud de una directiva europea de 2018 promovida por socialistas y populares, y de su Agenda 2030.  Este impuesto del ‘basurazo’ obligará a todos a que tengamos que asumir todo el coste de recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de restos, ya que hasta ahora solo pagábamos una parte.

Esta decisión (Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular) también afectará a los ayuntamientos que carecen de forma específica de tasa de basura y que incluyen este coste en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por ello, cada administración local tendrá que implantar una nueva tasa de basura.

El ‘basurazo’ podría incrementar el recibo hasta en un 150%
En la práctica, la implantación de esta normativa se traducirá en una subida de impuestos. De esta manera, el ‘basurazo’ podría incrementar el recibo hasta en un 150% para poder cubrir completamente el coste total del servicio, ya que con las tasas actuales solo se sufraga alrededor del 40%.

Según un estudio de la OCU, el importe medio del tributo en España ronda los 90 euros al año. Si esa cifra supone solo el 40% del coste total, el recibo medio pasaría a ser de 225 euros, lo que significa pagar 135 euros (+150%) más que ahora.

Economía circular y tasa específica
La Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los ayuntamientos y entidades privadas a imponer una tasa específica y no deficitaria para poder cubrir el coste que se genera de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Cada municipio y entidad deberá calcular su propio coste y comunicarlo a las autoridades competentes para poder asignar una tasa acorde.

Esta tasa es oficialmente un ingreso público asociado a la prestación del servicio que realiza el ayuntamiento directamente o a través de la contratación de empresas privadas para la recogida de los residuos sólidos urbanos.

Con esta tasa se deberían cubrir la limpieza de los contenedores, los servicios de transporte de residuos a la planta de gestión y el tratamiento de los residuos, dice la ley.

Factores para el cálculo de la tasa
Cada ayuntamiento calcula la tasa de basuras en función del coste que genera el tratamiento de residuos de sólidos urbanos en su ciudad o población. Algunos factores que se toman en cuenta a la hora de calcular la tasa de basuras son: el consumo de agua, cantidad de basura generada, ubicación, tamaño de la vivienda y valor catastral.

Según el estudio elaborado por la Fundació ENT, cada habitante paga de media unos 61,15 euros por tasa, que son 2.080 millones de euros al año. El actual coste de gestión de residuos se sitúa en casi 2.900 millones de euros anuales, por lo que con la antigua tasa de basura no es suficiente para sufragar todo el coste de gestión de residuos urbanos.

De cara al 2035, y para cumplir con la nueva ley europea, se estima que para ese año el gasto de la gestión integral de residuos ascienda a 3.700 millones de euros.

Nuevo sistema de pago
Los ayuntamientos pretenden solucionar el problema aumentando el coste de la tasa de basuras a los ciudadanos que reciclan y a los ciudadanos que no reciclan (para ambos será el mismo costo).

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular se especifica claramente que los ayuntamientos deberán implantar un sistema de pago por generación de residuos, por lo qué, pagarán más aquellos que más contaminen.

Además, según la ley, las administraciones públicas deberán saber en todo momento la cantidad exacta de residuos que está generando cada uno de sus ciudadanos, para poder asignarles a cada uno de ellos una tasa justa y equitativa por los residuos generados que no se pueden valorizar, y que elevan el presupuesto de los ayuntamientos para la gestión de residuos de vertederos.

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Más vigilancia, menos privacidad
Y esto servirá, siempre lo mismo, para aumentar el control poblacional lo que redundará en una perdida de la privacidad. Es decir, los ayuntamientos podrán controlar, y algunos ya lo están haciendo, cuando sacas la basura, qué tipo de residuos echas, a qué horas y lo que pesan. Más vigilancia, menos privacidad…

Según un artículo reciente del diario ABC, la vaguedad de la norma generará una diferencia de pagos significativos entre unos municipios y otros, traduciéndose en una ola de impugnaciones y un alto consumo de recursos.

El diario continúa diciendo que los ayuntamientos tendrán que aprobar sus ordenanzas fiscales a partir de sus propios informes económicos financieros, y que esto dará como resultado miles de impuestos diferentes, los cuales deberá afrontar el contribuyente.

La hoja de ruta de la agenda 203o continua: Aprovechan cualquier ocasión para recaudar más, empobrecerte y controlarte más.

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