La AN juzga desde este lunes al exembajador socialista Raúl Morodo, a su hijo y a su esposa por delitos fiscales

Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está a un paso del banquillo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ordenó este lunes continuar el procedimiento contra él, su hijo Alejo Morodo y la mujer de este, Ana Catarina Varandas, por delitos fiscales que habrían perpetrado en los ejercicios de 2013, 2014 y 2017, al utilizar un entramado societario para eludir el pago del IRPF sobre los ingentes beneficios que obtenían de una supuesta actividad de asesorías a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.

La decisión se anticipaba hace unos días, cuando el juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, creó una pieza separada específica para preparar el enjuiciamiento de los presuntos delitos fiscales que habían aflorado en la investigación.

A Morodo, como a su mujer, su hijo y su nuera, se les investiga por esas consultorías cuya realidad se pone en duda y el destino de los fondos recibidos, pero de momento, lo que se enfila al banquillo es lo relativo a esos ejercicios fiscales no prescritos.

 De acuerdo a la resolución, Alejo Morodo, «decidió interponer tres sociedades» para el cobro de los servicios de asesoría «para defraudar a la Hacienda Pública de España, consciente de que la debida tributación de las rentas que obtenía» por el IRPF «le supondría un considerable desembolso».

Se trata de Aequitas Abogados, Furnival Barrister y Morodo Abogados. Las tres «carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios que, de acreditarse su efectiva prestación, sólo ejecutaría Alejo Morodo», pero tributó en el impuesto de sociedades porque así, pagaba menos.

En este mecanismo participó su mujer en el año 2013, cuando «además de eludir la tributación de las rentas, ocultaron ingresos no justificados que recibió ella». Juntos, defraudaron 617.442,62 euros en 2013 y 315.273 euros en el ejercicio siguiente.

En cuanto a su padre, en otro tiempo embajador, el juez apunta que «parte de las ganancias obtenidas» a través de dos de las empresas «se integraron en su patrimonio» y él, «las ocultó a Hacienda». Fueron en 2013 y 2014 un total de 357.970 euros por los que defraudó una cuota de 126.222, según la resolución judicial.

El último ejercicio bajo la lupa es el de 2017, cuando la nuera del embajador, además de «recibir ingresos no justificados por importe de 24.000 euros, adquirió dos inmuebles» y pago parte «con fondos que ocultó a la Hacienda Pública».

Se refiere al piso en uno de los barrios más caros de Madrid cuya adquisición a precio de ganga reveló este diario: Pagaron 350.000 euros cuando en el mercado costaba más de un millón. Ella, que asumía 273.000 euros del coste total, puso 200.000 con rentas que recibió de Portugal y «ocultó a Hacienda». En el segundo inmueble, comprado con fondos de su madre en Portugal, habría defraudado 435.970 euros.

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De acuerdo al auto, Alejo Morodo inició una «aparente relación contractual» con Pdvsa a través de Furnival y Aequitas entre 2007 y 2014. Aunque no consta acreditada «la efectiva prestación» de servicios de consultoría a la petrolera, sus empresas Aequitas y Furnival ingresaron más de 6,6 millones de euros desde Venezuela en ese periodo, de los que percibieron 3,9 millones entre 2013 y 2014.

Mientras, a través de Morodo Abogados, en la que figuraba su padre, facturó servicios que sólo pudo prestar él por importe de 467.832 euros. En total, fueron 4,4 millones de euros de los que 4,1 fueron al bolsillo de Alejo Morodo, quien dispuso de esa cuantía «principalmente para su consumo personal y familiar»..

La resolución precisa que lo hechos investigados relativos a los ejercicios fiscales de los años 2011 y 2012 estarían prescritos. Además, el magistrado acuerda el sobreseimiento para la esposa de Raúl Morodo y su empresa MS TRADING S.L. al considerar que no hay motivos suficientes que acrediten su participación en el delito contra la Hacienda Pública investigado.

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