Familias españolas duermen en la calle y no reciben ni comida ni bebida tras ser desalojadas por los incendios, mientras ilegales duermen en hoteles

Cientos de familias españolas desalojadas de sus hogares por los incendios forestales que asolan zonas de Madrid y Ávila se encuentran abandonadas, durmiendo en la calle, en descampados o dentro de sus coches, sin que nadie les ofrezca ni un bocadillo ni una botella de agua.

Mientras los frentes de fuego continúan activos y las autoridades han declarado la emergencia nacional, estos vecinos relatan una situación de desamparo total tras haber salido de sus casas con lo puesto.

En varios puntos de la sierra oeste madrileña y en localidades abulenses, los afectados denuncian que no hay dispositivos de atención inmediata para cubrir sus necesidades más básicas. «No sé ni si podré volver», afirma uno de los desalojados, que no sabe si su vivienda ha quedado destruida o si podrá regresar en los próximos días. Familias enteras, con niños y mayores, pasan las noches a la intemperie o improvisando refugios precarios mientras el humo sigue cubriendo el horizonte.

La imagen contrasta de forma flagrante con la recepción que reciben quienes llegan en patera de forma ilegal. Para estos últimos hay trabajadoras sociales que les atienden de inmediato y, en muchos casos, el traslado a hoteles de cuatro estrellas a costa del erario público. Los españoles que han perdido temporalmente su casa por un desastre natural no reciben ni siquiera esa atención mínima.

Los testimonios recogidos en los alrededores de las zonas evacuadas hablan de improvisación y olvido. Algunos han montado pequeñas cocinas o tiendas de campaña en descampados del pueblo, otros simplemente duermen en el vehículo porque los pabellones oficiales se han quedado cortos o no les han orientado adecuadamente. La incertidumbre sobre el estado de sus viviendas y el futuro inmediato se suma al agotamiento físico y emocional.

Cuando los españoles sienten que son ciudadanos de segunda

Hay imágenes que dejan una profunda huella en la conciencia colectiva. Familias obligadas a abandonar sus hogares por los incendios, con la incertidumbre de no saber si encontrarán su casa en pie al regresar. En esos momentos, lo mínimo que cabe exigir a cualquier administración es una respuesta rápida, eficaz y humana.

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Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que perciben una preocupante desigualdad en las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el Ejecutivo ha destinado importantes recursos para la acogida temporal de inmigrantes y solicitantes de asilo, incluyendo en ocasiones el uso de establecimientos hoteleros cuando la red de acogida se encuentra saturada, muchos españoles sienten que, cuando son ellos quienes lo pierden todo por una catástrofe, la respuesta institucional no siempre está a la misma altura.

No se trata de enfrentar a españoles contra inmigrantes. Se trata de exigir un criterio de igualdad. La solidaridad debe empezar por garantizar que cualquier ciudadano que sufra una tragedia reciba protección inmediata, alojamiento digno, alimentación y apoyo sin demoras.

El Gobierno tiene la obligación de explicar por qué existe esa percepción de trato desigual y qué medidas va a adoptar para que ninguna familia española afectada por una emergencia vuelva a sentirse abandonada. La confianza en las instituciones no se construye con discursos, sino con hechos.

Los incendios han puesto de manifiesto el extraordinario trabajo de bomberos, Protección Civil, voluntarios y cuerpos de seguridad, cuya entrega merece el reconocimiento de toda la sociedad. Precisamente por respeto a ese esfuerzo, las administraciones deben estar a la altura y garantizar que los recursos lleguen con rapidez a quienes más los necesitan.

La igualdad ante la administración no puede depender del origen de las personas ni de las prioridades políticas del momento. Cuando un ciudadano pierde su casa por una catástrofe, merece la misma atención, la misma dignidad y la misma urgencia que cualquier otra persona asistida con recursos públicos. Esa es la verdadera medida de un Estado que aspira a ser justo.

Hay quienes califican de racista cualquier crítica a este trato diferencial. Sin embargo, lo que se observa estos días es una cuestión de sentido común y de prioridades: los compatriotas que han contribuido toda su vida al país quedan a su suerte, mientras se movilizan recursos públicos de forma preferente para quienes entran irregularmente. La situación desgarra a quienes ven a sus vecinos y familiares en esa desprotección.

Mientras los equipos de extinción y la Unidad Militar de Emergencias combaten las llamas, la realidad de estas familias españolas sigue siendo la misma: abandonadas en la calle, sin comida ni bebida, preguntándose cuándo —y si— podrán volver a casa.

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