Las acusaciones populares de la trama Koldo Iustitia Europa y Hazte Oír han solicitado la imputación de la presidenta del Congreso Francina Armengol e investigar el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a Globalia y el viaje de Delcy Rodríguez a España en dos piezas separadas.

La petición de estas diligencias de investigación al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se produce tras los dos últimos informes aportados a la causa por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En un escrito de 16 páginas, ambas acusaciones destacan como necesaria "la citación como investigadas tanto de la Presidente del Congreso de los Diputados, FRANCESCA LLUC ARMENGOL SOCIAS, ex presidente de las Islas Baleares y la Sra. PATRICIA GÓMEZ PICARD, exconsejera de Salud de las Islas Baleares, ya que se desprende, de manera indiciaria, que pudieron tener participación en favorecer contrataciones públicas con la empresa MEGALAB-EUROFINS, y en definitiva a la trama, interesando como INVESTIGADAS y no como TESTIGOS, para colmar todas las garantías del derecho de defensa del art.24 de la CE".

En este caso, continúa el escrito, "las comunicaciones intervenidas indican que tanto la Sra. Armengol como la Sra. Gómez pudieron haber influido en la concesión de contratos a MEGALAB, en concertación con Koldo García Izaguirre.

Los indicios sugieren que la concesión de contratos a MEGALAB fue facilitada mediante procedimientos de negociado sin publicidad, lo que permite inferir que se actuó en contra de los principios de legalidad y transparencia. La relación entre Koldo y los actores públicos implicados, por mucho que se haya querido negar, es disipada con el comentario de KOLDO a ARMENGOL".

Las acusaciones piden además la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, del teniente coronel jefe de la Unidad del comandante arrestado Rubén Villalba y del exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos tras su chivatazo a Koldo sobre la Investigación de la UCO.

Respecto a investigar el rescate a Globalia en una pieza separada afirman que se fundamenta "en la existencia de indicios racionales que apuntan a la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, asociación ilícita y corrupción en la contratación pública, entre otros, por parte de actores implicados en la aprobación del rescate.

Dichos presuntos autores podrían ser tanto Víctor Gonzalo de Aldama, José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, y otros altos cargos gubernamentales que tuvieron participación en las negociaciones para tal rescate, como el Vicepresidente de la SEPI".

"La concesión de un rescate a Air Europa, una empresa estratégica, por un monto de cercano a 435 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020, presenta indicios de conductas delictivas independientes que deben ser objeto de una instrucción específica y exhaustiva pero que a nuestro juicio se encuentra unido a este procedimiento de manera conexa, puesto que los autores, el modus operandi, y la participación de los mismos en la organización criminal, resulta cuanto menos indiciariamente probable a la vista de todos los informes de la UCO, y muy especialmente en lo referente a este último", añade.

"En las conversaciones intervenidas, Aldama refiere de manera constante sus contactos con altos cargos del Gobierno. Incluso en el informe UCO aparecen el Presidente del Gobierno (al que se alude como "el 1") y a la Ministra de Economía, Nadia Calviño", apunta el escrito. Por último, reclaman deducir testimonio tras la declaración como testigo ante el juez del que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo.

La AN juzga desde este lunes al exembajador socialista Raúl Morodo, a su hijo y a su esposa por delitos fiscales

El viaje de Delcy Rodríguez a España
Iustitia Europa y Hazte Oír afirman también que "el viaje de la vicepresidente de Venezuela, Sra. Delcy Rodríguez, a España en 2020 planteó graves implicaciones legales y diplomáticas. Desde la perspectiva penal, se podría considerar la violación de sanciones internacionales, tráfico de influencias y cohecho.

La apertura de una pieza separada sería procedente para aclarar la actuación de las autoridades españolas y determinar la comisión de posibles delitos. El viaje de Delcy Rodríguez a España vulneró las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea (UE) a funcionarios del gobierno venezolano".

"La reunión entre Ábalos y Rodríguez podría verse como un acto de facilitación o encubrimiento, al no tomar las medidas necesarias para cumplir con la normativa internacional vigente.

Además de manera indiciaria, podríamos encontrarnos, de nuevo, ante la existencia de tráfico de influencias o cohecho impropio si se demostrara que la reunión en el aeropuerto tenía como objetivo favorecer a Delcy Rodríguez o al régimen venezolano en términos diplomáticos o económicos", concluyen.

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