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Así se expresa la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, en un informe de 6 páginas, al que ha tenido acceso este medio, donde informa respecto a la petición que hizo el pasado julio un ciudadano particular a favor de Junqueras y los ex consejeros.
"La concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias en que el delito se cometió y a que otros intervinientes en hechos que se enmarcan en el denominado proceso independentista catalán vayan a ver extinguida de modo total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados, al deberse proceder el archivo de las causas contra ellos iniciadas", dice la 'número dos' de la Fiscalía.
Cabe recordar que en diciembre de 2020, los cuatro fiscales que participaron en el juicio del 'procés' se opusieron a que se concediera el indulto a los 12 condenados debido a la gravedad de los hechos y a que no encontraron razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificasen la medida de gracia.
La cartera que dirige el ministro Félix Bolaños recibió la nueva petición de indulto el 4 de julio, tan solo tres días después de que el Supremo declarase no amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del 'procés'.
Cuando se solicita un indulto, un trámite que el propio condenado o cualquier otra persona puede pedir al Gobierno a su favor, el Ministerio de Justicia está obligado por ley a tramitarlo. Esto implica solicitar una serie de informes antes de que el Consejo de Ministros debata si se aprueba o no el perdón y en qué medida.
Entre esos informes está el que se tiene que pedir al tribunal sentenciador, que en el caso de Junqueras fue el Tribunal Supremo, que en febrero de 2023 ratificó la inhabilitación de Junqueras por 13 años al revisar la sentencia del 'procés' tras la reforma del delito de malversación y la eliminación de la sedición.
Los indultos aprobados por el Gobierno en 2021 supusieron la extinción de toda la pena de prisión de Junqueras, si bien se mantuvo la de inhabilitación. Por este motivo, pese a ser amnistiado, el exlíder de ERC seguiría sin poder ejercer un cargo público hasta 2031.
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