Impacto España Noticias
VOX ha llevado ante la Comisión Europea el escándalo de las cloacas vinculadas al entorno socialista después de conocerse los contactos con miembros de un clan del narcotráfico para hostigara a la magistrada Beatriz Biedma de la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha registrado una iniciativa parlamentaria para obligar a Bruselas a pronunciarse sobre un caso que «afecta directamente a la independencia judicial y al Estado de Derecho» en España.
La información publicada señala que durante la primavera de 2025 se ofreció al clan de Los Rochos favorecer el cierre de sus causas judiciales a cambio de colaborar para apartar a Biedma de la investigación. Atribuye a una fuente presente en las conversaciones una oferta especialmente grave: «Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos».
El caso ha dado un nuevo salto después de que Cintia Rocho afirmara públicamente que recibió información privada sobre la magistrada, incluida la dirección de su domicilio y fotografías de ella en el gimnasio. Según su relato, el objetivo era conseguir que Biedma dejara de instruir la causa que afectaba al hermano de Sánchez.
La propia magistrada ha acudido a la Audiencia Nacional y ha solicitado personarse como acusación particular en el llamado ‘caso Leire’. Ha alegado perjuicios personales e institucionales, y actuaciones destinadas a desacreditarla y a recabar información sobre ella y su entorno.
«Ya no hablamos únicamente de los ataques políticos contra los jueces que molestan a Sánchez. Estamos hablando de informaciones sobre contactos con estructuras criminales para apartar a una magistrada que investigaba a su propio hermano. De domicilios, fotografías y datos privados de una juez. Y todo para proteger al poder. Bruselas tiene que decidir cuánto más está dispuesta a tolerar antes de reconocer el gravísimo deterioro institucional que vive España», ha aseverado Buxadé.
Así, ha preguntado directamente a la Comisión Europea si considera compatible con los principios del Estado de Derecho que personas vinculadas al Gobierno puedan haber recurrido a criminales para intimidar a una magistrada que investigaba al hermano del presidente.
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