Lamenta asimismo que el Supremo no haga mención a una duda precisa de la aplicabilidad de la ley al caso concreto, "sino que se anuda a un juicio global y abstracto de inconstitucionalidad de la ley en su conjunto"
Noticias17 de octubre de 2024
Impacto España Noticias
Critica que las alegaciones del Alto Tribunal encajen más en un recurso propio de partidos políticos. El fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, ha criticado ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía señalando que es inadmisible por defectos formales y porque encajaría más en un recurso de inconstitucionalidad dado que los argumentos atacan la decisión política. Así, pide la inadmisión o subsidiariamente la desestimación.
El Supremo elevó esa cuestión ante el tribunal de garantías al estudiar la aplicación de la ley de gracia para dos condenados por desórdenes públicos agravados al entender de hacerlo podría ser "contrario a la Constitución" y atentar contra la seguridad jurídica.
Ahora, el fiscal general del Estado imputado, en las alegaciones a las que ha tenido acceso IEN, explica que la cuestión planteada por el Alto Tribunal es inadmisible por defectos formales pero reconoce que si el TC entra en el fondo "contribuirá de forma netamente positiva a reducir la innegable conflictividad política, social y también jurídica que acompaña a la ley cuestionada".
Entre esos defectos, a su entender, está el de que el TS no designa "los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados", y afirma que no obstante, produce "mayor reparo" que el Supremo se refiera al artículo 1 de la norma aprobada cuando "en realidad, de la extensa argumentación del propio auto se desprende que tal duda --de inconstitucionalidad-- no se centra en el concreto contenido y alcance de dicho precepto legal, sino que abiertamente se extiende a la inconstitucionalidad de la citada ley orgánica en sí misma y en su totalidad".
Para el fiscal general en la cuestión planteada por el Alto Tribunal "opera directamente un salto lógico del objeto formal sobre el que dice proyectar su duda de constitucionalidad al enjuiciamiento de la ley en sí misma, o incluso de la decisión política de la que trae causa".
Sugiere que ese tipo de argumentación encaja mejor en el recurso de inconstitucionalidad reservado a los propios "actores políticos" dado que son "legítimos representantes de las distintas opciones ideológicas llamadas a asegurar el pluralismo político".
Lamenta asimismo que el Supremo no haga mención a una duda precisa de la aplicabilidad de la ley al caso concreto, "sino que se anuda a un juicio global y abstracto de inconstitucionalidad de la ley en su conjunto".
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Según los últimos datos oficiales, 1,6 millones de personas declararon a Hacienda entre 0 y 1.500 euros anuales. Otros 3,1 millones declararon ingresos entre 1.500 y 6.000 euros, y 2,7 millones dijeron ganar entre 6.000 y 12.000 euros. Eso significa que más de ocho millones de ciudadanos viven en pobreza severa o extrema
Documentación policial y judicial revela el papel desempeñado por el actual coordinador general de EH Bildu en la estructura operativa de ETA-pm y su posterior integración en ETA militar. Su implicación se vincula con acciones armadas entre 1982 y 1984, incluyendo secuestros, atentados con explosivos y heridas a civiles, entre ellos menores de edad
La presidenta del Congreso insiste en que no ha mentido ni ocultado información y enmarca su encuentro con Víctor de Aldama en el contexto de la pandemia como asesor de Air Europa
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
La investigación identifica tres adjudicaciones aprobadas por ADIF que fueron firmadas directamente por Isabel Pardo de Vera. Todas están financiadas con fondos europeos y suponen un total de 342 millones de euros
Plataformas, consultoras, clínicas privadas o academias imponen a sus trabajadores condiciones cerradas, con horarios, tareas y tarifas fijas, sin ofrecer contrato laboral. Esto les ahorra cotizaciones, seguros y obligaciones legales, y traslada todos los riesgos al profesional autónomo
"La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas" Fiódor Dostoyevski
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
Además, se incautaron documentos físicos de interés, entre los que se encontraban folios con sellos oficiales, tarjetas de visita y una libreta con anotaciones manuscritas
La acusación, difundida en cadena por medios como El HuffPost, elDiario.es, Onda Cero, RTVE, Cadena SER y The Objective (que ha rectificado), atribuye a VOX la intención de deportar a «ocho millones de inmigrantes y sus hijos», a pesar de que ningún dirigente del partido ha mencionado nunca esa cifra
Documentación policial y judicial revela el papel desempeñado por el actual coordinador general de EH Bildu en la estructura operativa de ETA-pm y su posterior integración en ETA militar. Su implicación se vincula con acciones armadas entre 1982 y 1984, incluyendo secuestros, atentados con explosivos y heridas a civiles, entre ellos menores de edad
