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En un escrito, la acusación popular alega que "existe un riesgo claro de afectación a la integridad del proceso, por la imposibilidad material de que el Ministerio Fiscal participe en el mismo con la imparcialidad que le es legalmente exigible, al ser cualquier representante del organismo que comparezca en la instrucción un dependiente jerárquico del investigado".
Para Manos Limpias, el hecho de que la Fiscalía tenga un "carácter netamente jerárquico" pone en riesgo la función que está llamada a desempeñar porque "no puede intervenir de forma plenamente imparcial, toda vez que el miembro de la carrera fiscal que aquí intervenga lo hará sometido a la dependencia jerárquica del propio investigado".
"No bastaría para evitar dicha quiebra de la imparcialidad la mera abstención del investigado, pues seguirá ocupando una posición jerárquica superior sobre los demás miembros del Ministerio Fiscal, pudiendo adoptar decisiones de índole profesional, con efectos incluso económicos, que les afecten personal y directamente, llegando incluso a conservar las facultades disciplinarias sobre ellos, generando así una situación de sometimiento informal a su voluntad", expone.
Así, pide suspender a García Ortiz de sus funciones como medida cautelar mientras dure el procedimiento judicial, al apreciar "un riesgo claro de afectación a la integridad del proceso, por la imposibilidad material de que el Ministerio Fiscal participe en el mismo con la imparcialidad que le es legalmente exigible, al ser cualquier representante del organismo que comparezca en la instrucción un dependiente jerárquico del investigado".
Cabe recordar que la Fiscalía estará representada en este caso por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, la 'número dos' del Ministerio Público y persona de máxima confianza de García Ortiz, según las fuentes fiscales consultadas.
PRIMER PASO
Manos Limpias da así el primer paso en la causa abierta el pasado miércoles por la Sala de lo Penal del TS contra García Ortiz a petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y una serie de querellas y denuncias, entre ellas las del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la de Manos Limpias.
González Amador llevó a los tribunales la nota informativa que la Fiscalía de Madrid difundió el pasado 14 de marzo dando cuenta de una serie de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso donde se le investiga por fraude fiscal, Julián Salto, para llegar a una acuerdo de conformidad.
Una sala de cinco magistrados decidió por unanimidad investigar a García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos. Sin embargo, el TS aclaró que el delito no estaría en la nota informativa, sino en la filtración de los correos electrónicos a los medios de comunicación la noche anterior a que la Fiscalía emitiera dicho comunicado.
Tras ello, García Ortiz anunció que seguiría en el cargo al considerar que es "lo menos gravoso" para la institución. El jefe del Ministerio Público sostiene que era obligación de la Fiscalía desmentir un "bulo", aludiendo así a las publicaciones que, en atención a otra filtración, señalaban que Salto había ofrecido a González Amador un pacto.
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