"Okupa tú también": Fiscalía y Policía, maniatadas ante los últimos cursos de okupación

A diferencia de otros, sin embargo, en este caso, el Ayuntamiento sí actuó de manera preventiva, denunciándola a la Fiscalía Provincial para tratar de impedir su celebración, algo que no logró. El Ministerio Público concluyó que no existía delito alguno en la convocatoria, por lo que se limitó se a ponerlo "en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante" por si, una vez tuviera lugar, esta consideraba que en los talleres celebrados existía "algún acto de inducción al delito".

La realidad es que, a día de hoy ese informe sigue sin llegar a los agentes que, en todo caso, advierten de que es dificilísimo, por no decir prácticamente imposible, encausar a alguien por este asunto.

La razón es muy sencilla: la okupación es un fenómeno muy amplio e incluye modalidades que ni siquiera están incluidas en el Código Penal -como pueda ser la creciente inquiokupación o la usurpación en sus formas más leves, en las que no media violencia alguna-, y que se saldan con una mera sanción administrativa, de tal forma que, en sentido estricto, no se puede hablar de un delito y, en consecuencia, tampoco de una posible inducción.

La advertencia de Jupol coincide con la que hace meses hacía el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) al conocer la existencia de una "academia de okupas" en Sevilla. "Moralmente no está bien, pero no tenemos forma de perseguirlo.

El adoctrinar o el decir a la gente cómo tiene hacerlo no supone ningún tipo de infracción", lamentaba Rubén M. Góngora, secretario de Organización del SUP en Andalucía en declaraciones a LD.

Así lo corroboraba también José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario y, a la fuerza, especialista en temas de okupación: "Como tal no está tipificado en el Código Penal y es una vergüenza, porque en el ámbito Civil hemos tenido alguna modificación, pero en el ámbito Penal no hemos tenido ni una triste reforma sobre este fenómeno en 20 años, con lo cual, todo esto es imparable".

De hecho, hay comunidades como Cataluña, donde los talleres de cerrajería y electricidad para aquellos dispuestos a burlar la ley son una constante.

"Okupa tú también"
Las jornadas celebradas el pasado domingo en Alicante, coincidiendo con las manifestaciones convocadas en la Comunidad Valenciana sobre Vivienda, comenzaban precisamente con un taller que llevaba por título "Okupa tu también", a cargo del Sindicat de Barri de Carolines. Tras una "comida popular" y un "taller de pancartas", la PAH de Vallecas se encargó de ilustrar a los presentes sobre "qué es una oficina de okupación".

Además, tal y como se especificaba en los carteles que llevaban días circulando por las redes sociales, a lo largo del día también estaban programadas otras "actividades infantiles", sin especificar si estas también estaban vinculadas o lo no con la okupación.

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Cuando la okupación no se considera un delito
La difusión de los mismos carteles causó tal revuelo que el propio Ayuntamiento decidió tomar cartas en el asunto. "Tenemos la obligación de defender los derechos particulares cuando se ven vulnerados por el delito de la ocupación ilegal; y no es aceptable la falsa ideología de que el supuesto derecho general a la vivienda se antepone a cualquier derecho privado", advertía la semana pasada el alcalde Luis Barcala.

Partiendo de esa premisa, el dirigente del PP optaba por recurrir a la Fiscalia, ya que, a su juicio, los promotores de esta iniciativa "lo que hacen es inducir a terceros a la comisión de este tipo de delitos, proporcionándoles herramientas y conductas para que la usurpación se haga de forma eficiente y minimizando riesgos en su ejecución".

El problema es que, tal y como explicaba la Policía de Alicante a este periódico, no todas las formas de okupación se dirimen en el ámbito penal.

De hecho, esa es la razón por la que no se estaría persiguiendo tampoco el llamamiento a la huelga de alquileres que están promoviendo el Sindicato de Inquilinos y otras organizaciones similares, ya que la inquiokupación, a día de hoy, se considera un mero incumplimiento de contrato y, por tanto, se juzga en la vía civil y ni siquiera se incluye en las estadísticas.

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