La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha anunciado este lunes que han solicitado personarse en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando que la Fiscalía "no puede estar dirigida por una persona que, procesalmente, está siendo investigada por la presunta comisión de un hecho delictivo".

"No parece que sea compatible ser jurista de reconocido prestigio con la situación procesal de imputado en causa penal. No podemos admitir que pueda ser considerado mérito el hecho de ser investigado por la presunta comisión de un delito", apunta la APIF.

La asociación insiste que su continuidad "priva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución Española, ya que resulta del todo punto imposible que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada, por cualquier fiscal, con la independencia que se le requiere, teniendo como imputado a su jefe".

"En este sentido, nuestra personación obedece a poder prestar esta actuación profesional, como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad, a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, entendiendo que, en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución", explica la APIF.

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Por último, la asociación reconoce que "no ha sido una decisión fácil". "Pero, a nuestro juicio, justificar la permanencia en el cargo indicando que es lo mejor para la institución, no es de recibo", zanja.

Cabe recordar que el Supremo decidió por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

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