El juez Juan Carlos Peinado imputa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, un nuevo delito: presunta apropiación indebida de un software del máster que codirigía en la Complutense
Corrupción29 de octubre de 2024
Impacto España Noticias
El juez Juan Carlos Peinado ha imputado un nuevo delito a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida de un software del máster de la cátedra universitaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Peinado la ha citado a declarar de nuevo el próximo 18 de noviembre.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha aceptado investigar estos hechos por los delitos de apropiación indebida e intrusismo tras una querella de la organización ultracatólica Hazte oír.
La propia Complutense ya había instado al magistrado a investigar a Gómez por la posible apropiación indebida de esta plataforma, que la mujer del presidente del Gobierno ofrecía a través de una marca registrada a su nombre. En una investigación interna, la universidad concluyó que existirían «indicios» para que el juez tomase medidas y lamentó también la falta de colaboración de Gómez para esclarecer los hechos.
La decisión del juez Peinado llega tras varios varapalos judiciales a Gómez. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó inadmitir a trámite la querella presentada por la mujer de Sánchez contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación.
El tribunal estimó que no pueden considerarse «arbitrarias y prevaricadoras» las resoluciones del instructor basándose en «una suposición», «meras sospechas» o «conjeturas», rechazando que éste actuara «con el exclusivo propósito» de perjudicarla.
Los magistrados reprocharon además a Gómez que no se apreciaba «el torticero alejamiento de la norma» alegado en su querella o que calificase de «estrambóticas» o «rocambolescas» las resoluciones de Peinado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó además otra querella del presidente del Gobierno por el mismo asunto.
El juez detalla que en la querella, presentada por Hazte Oír, «se afirma que existen indicios de que por la querellada se ha podido cometer el delito de apropiación indebida y se aportan documentos que podrían justificar la investigación por ese tipo delictivo (…) donde se podría, inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la Cátedra de Trasformación Social Competitiva, a la UCM, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL. la marca TSC Transformación Competitiva, y posteriormente del software de la Cátedra Transformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid».
«Evidentemente, esta conducta, podría ser incardinada en el delito de apropiación indebida, recogido en el Artículo 253 del Código Penal», sostiene el juez en el auto.
Intrusismo
El juez ha imputado también a Gómez un delito de intrusismo. Citando la querella, recoge que «se han llevado a cabo» por parte de la mujer de Pedro Sánchez «los actos consistentes en elaborar, redactando, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica, para la creación de una Plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid, siendo el lugar de ejecución de dicho contrato la Escuela de Gobierno de la UCM-Cátedra de Trasformación de Social Competitiva».
En dichos pliegos «se recogen unas características de prestaciones, experiencia y requisitos profesionales para el potencial adjudicatario que la querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente al objeto de conocer científicamente las citadas necesidades exigidas a los licitadores y así mismo, entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario para la elaboración de dicho pliego de condiciones»
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