La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias
30 de octubre de 2024
Impacto España Noticias
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, rechaza las diligencias que había solicitado la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, que también instó a que solicitase una serie de documentación al Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Cabe destacar que Liberum había pedido llamar a sede judicial a Armengol por su labor como expresidenta de las Islas Baleares. La Unidad Central Operativa pone el foco en el contrato de la comunidad autónoma para el suministro de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL --la empresa clave del caso-- por valor de 3,7 millones de euros.
El juez también ha rechazado citar a declarar como testigo de la exconsejera de Salud de Islas Baleares Patricia Gómez Picard. El magistrado asegura respecto a esta diligencia que "no se dispone de un mínimo soporte probatorio" que permita justificar su imputación como partícipe de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de lo que resulte en el devenir de la instrucción.
En este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García -el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos-- y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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Deja el escaño, le corresponderá una indemnización de seis mensualidades por sus seis años de servicio, a razón de 3.142,14 euros mensuales, lo que supone un total de 18.853,84 euros
Pero su nombre también aparece en el foco de la investigación de la UCO. En uno de los mensajes interceptados en el caso Koldo, se documenta cómo el exasesor de Ábalos avisaba en 2021 al director general de Carreteras, Javier Herrero, de que Ana María Fuentes lo llamaría para pedirle “el impuesto”
