La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias
30 de octubre de 2024
Impacto España Noticias
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, rechaza las diligencias que había solicitado la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, que también instó a que solicitase una serie de documentación al Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Cabe destacar que Liberum había pedido llamar a sede judicial a Armengol por su labor como expresidenta de las Islas Baleares. La Unidad Central Operativa pone el foco en el contrato de la comunidad autónoma para el suministro de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL --la empresa clave del caso-- por valor de 3,7 millones de euros.
El juez también ha rechazado citar a declarar como testigo de la exconsejera de Salud de Islas Baleares Patricia Gómez Picard. El magistrado asegura respecto a esta diligencia que "no se dispone de un mínimo soporte probatorio" que permita justificar su imputación como partícipe de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de lo que resulte en el devenir de la instrucción.
En este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García -el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos-- y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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Tributarán por el total de sus rendimientos, incluso si estos no superan el SMI, salvo que estén cubiertos por otras exenciones específicas (por ejemplo, situaciones de gran invalidez o edad avanzada)
Según consta en un informe remitido al Tribunal Supremo, varias modificaciones de contratos, aprobadas por el Consejo de Ministros y firmadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están siendo examinadas por posibles irregularidades
Las razones esgrimidas son riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga, apuntan las mismas fuentes. Por su parte, las acusaciones populares también reclaman prisión provisional para el ex número tres del partido de Pedro Sánchez, añadiendo además riesgo de blanqueo y fuga de capitales
El fiscal ha alegado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son «explícitos»
Uno de los compromisos más recordados de Pedro Sánchez durante su ascenso político fue su promesa de que “todo euro robado por la corrupción será devuelto a las arcas públicas
