Impacto España Noticias
La Guardia Civil ha registrado el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en busca de documentos, móviles y correos electrónicos por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos.
En un auto, el magistrado Ángel Luis Hurtado ha ordenado esta diligencia "al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos" que le atribuye Alberto Gónzalez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado ha precisado que la entrada y registro se iba a practicar a "partir de las 10.00 horas del día 30 de octubre de 2024 y durante las horas que resultaren precisas". Fuentes jurídicas han confirmado a esta agencia de noticias que ya se ha efectuado el registro.
En el marco de la resolución, el instructor ha autorizado "la intervención de documentación en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados". Ha autorizado también la "intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente", de "cualquier tipo de material" que haya podido "ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación".
Además, el juez ha acordado permitir a los agentes la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del fiscal general así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar. Asimismo, ha autorizado el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales u otros repositorios de información en internet.
Emplaza al fiscal a buscar abogado
Esta misma mañana el magistrado Ángel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto, el instructor indicó que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".
Fuentes fiscales consultadas avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
Además, Hurtado dio traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor dejó pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
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