Sánchez rompe récord de decretos ley

La chequera del gobierno del presidente, Pedro Sánchez, está lista para gastar “todos los recursos del Estado” y hasta los aportes de la Unión Europea (UE) para cubrir los daños que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) provoca en la Comunidad Valencia, Castilla-La Mancha.

Este fenómeno meteorológico, que surgió del choque de masas de aire frío en altura y caliente de la superficie, también amenaza con llegar a Barcelona. Sin embargo, la generosa promesa del mandatario socialista implica gastar los fondos públicos sin rendir cuentas.

Sánchez tiene todo a favor para disponer de las arcas nacionales con la DANA en España. Las zonas afectadas actualmente se encuentran bajo el agua, sin electricidad, sin internet, con cientos de desaparecidos y, al menos 72 muertos contabilizados hasta ahora.

La emergencia que se vive en España le facilita el camino al referente del PSOE para aprobar decretos ley, que le permiten de forma unilateral y directa implementar medidas sin trámite ni debate parlamentario, por ser un caso de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Sánchez es experto en ello. Desde que tomó el poder en 2018 acumula 918 páginas con estos instrumentos, una cifra que supera las 63 del gobierno de José María Aznar, las 115 de José Luis Zapatero y las 333 de Mariano Rajoy.

Administración en investigación
A Sánchez, la DANA le cae como anillo al dedo, considerando que no ha podido cumplir con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia negociado con la Comisión Europea para impulsar la salida a la crisis provocada por la pandemia.

 De hecho, en un informe titulado “El fiasco de los fondos europeos”, el Instituto Juan de Mariana (IJM) asegura que de los 163.000 millones de euros asignados a través del programa NextGeneration EU a España, Sánchez sólo ha dedicado el 0,6 % del dinero aportado por Bruselas a financiar rebajas fiscales para las empresas. Además, revela que a la economía real han llegado sólo 20.000 millones de euros, un 75 % menos de lo que proyectó para el trienio 2020-2023.

Aunque el nuevo plazo vence en 2026, el manejo de dinero por parte de la administración de Sánchez en situaciones críticas tiene a La Moncloa en investigación por corrupción. La justicia tiene sus lupas sobre una trama de tráfico de influencias y blanqueo liderada por Koldo García, principal asesor del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien fungía como secretario de organización del PSOE.

Las pesquisas indican que la “red Koldo” operó en 2021 para cobrar coimas en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del COVID-19.

Acerca del 20-O

Como en las películas
Ya la Fiscalía Anticorrupción pidió al Tribunal Supremo que impute al exministro de Transportes alegando que “hay indicios” de participación en negocios turbios en Canarias. Las pesquisas arrojan que Koldo gestionó dos contratos, uno 12,3 millones y otro por 5,4 millones, para financiar test gratuitos de PCR para la detección del COVID-19 a residentes canarios de regreso en avión o en barco desde la Península durante las navidades de 2020 y la primavera de 2021.

La directora de Comunicación de Bolaños y la socialista Angélica Rubio, entre los comisarios al frente de la nueva RTVE

“Jamás una trama de corrupción había llegado tan lejos y había estado tan cerca de La Moncloa”, ha señalado al respecto, el dirigente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, compara al gobierno de Sánchez con la cinematografía de “Los Soprano”, “Torrente” y “Los ladrones van a la oficina”, al ser “el cenagal de la corrupción”.

 Además, está en desarrollo la investigación en contra de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presunto tráfico de influencias. Con menos de un año reelegido y los estragos de la Dana en España, el presidente también tiene encima la conclusión de una investigación de la Guardia Civil, donde el ente confirma que el presidente “mintió” sobre una confusa escala de la vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, la presión de las protestas que piden su renuncia y un anticipo electoral a la brevedad.

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