Ahora, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por intromisión ilegítima en su derecho al honor y le reclama por ello 40.000 euros
Noticias14/11/2024
Impacto España Noticias
Continúa la tensión entre Alberto González Amador y María Jesús Montero. Ahora, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por intromisión ilegítima en su derecho al honor y le reclama por ello 40.000 euros.
González Amador ya había presentado una demanda por unas declaraciones de la ministra relativas al presunto delito fiscal que él habría cometido. Al no presentarse María Jesús Montero el pasado 2 de octubre al acto de conciliación por dicha demanda, el novio de Isabel Díaz Ayuso ha decidido acudir a instancias superiores.
La única vía que tiene ahora González Amador de continuar el proceso es el Supremo, ya que la vicepresidenta es aforada.
La demanda se basa en las palabras pronunciadas por María Jesús Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre de este año. En la primera fecha, la vicepresidenta aseguró en la sesión de control al Senado que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".
Hacía así referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.
La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.
Este proceso también ha salpicado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. González Amador presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación. Al asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo por si existían indicios contra él.
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