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El Congreso ha dado luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, en un único texto que trae consigo nuevos derechos, menos burocracia y más financiación. Es tal la debilidad del Gobierno, que las principales entidades del sector aplauden que el Ejecutivo, 20 años después de la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, haya sido capaz de aprobar de forma definitiva una reforma que creen necesaria, pero insuficiente.
Son tantas las necesidades y los déficits, que reclaman que ahora que la norma ha superado el trámite parlamentario, se garantice que la financiación llegue "efectivamente" al sistema.
La nueva ley obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación, lo que impide que haya futuros recortes en la aportación estatal. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a invertir 6.200 millones de euros entre este ejercicio y el próximo, la mayor partida de la historia. Según Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), este montante debería servir para "aumentar el número de destinatarios de los servicios de ayuda, reducir las lista de espera, mejorar las prestaciones de los usuarios que ya reciben atención y las condiciones sociolaborales de los profesionales".
La prioridad deben ser las 255.450 personas en la lista de espera, incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y mejorar los salarios
Coincide con él José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, quien señala que la prioridad deben ser "las 255.450 personas que se encuentran en la lista de espera, incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y mejorar los salarios y condiciones laborales del personal".
Ahora bien, Ramírez advierte de que el reto es que las comunidades "sean capaces de establecer procedimientos más ágiles de atención, para que no ocurra como con el incremento de financiación que supuso el plan de choque de 2022, cuando nueve autonomías disminuyeron el presupuesto propio", debido al mayor incremento de la aportación estatal.
A este respecto, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, apunta que el compromiso de inversión estatal "es un paso importante" pero hay que "ir más allá y dotar a la dependencia de un modelo de financiación estable, suficiente y previsible". "Un derecho universal no puede estar condicionado cada año a la disponibilidad presupuestaria y el incremento estatal debe ser adicional, sin que las comunidades reduzcan el esfuerzo".
El desafío es incorporar más profesionales, porque el sistema ya está al límite de su capacidad operativa, dado que ahora faltan en torno a 160.000 trabajadores
Los tres apuntan, además, que el gran desafío es el déficit estructural de profesionales, que ya provoca que el sistema de dependencia esté "al límite de su capacidad operativa". Las patronales calculan que hoy ya hacen falta 160.000 trabajadores y, debido al envejecimiento de la población, antes de 2030 harán falta entre 261.000 y 639.000 adicionales. El problema es que las condiciones laborales y salariales, junto con cierto desprestigio de la profesión, provocan que muchos trabajadores no quieran dedicarse a ayudar a personas dependientes.
Ante ello, Fernández-Cid propone la aprobación de una estrategia nacional que contemple "formación, reconocimiento de las profesiones vinculadas a los cuidados, lucha contra el absentismo" y atraer al sector "una inmigración ordenada y cualificada".
Asimismo, las patronales piden que se actualicen los contratos y precios a los costes reales de la prestación, para que los proveedores de servicios puedan pagar más a los trabajadores. "Sin profesionales suficientes, cualquier reforma legal tendrá un alcance limitado y puede derivar en frustración, ante la incapacidad de alcanzar las expectativas que se generan", opina Gamboa.
El CERMI considera urgente implementar las medidas que contiene la ley destinadas a evitar que haya 100.000 personas "prisioneras en sus casas" debido a la falta de ascensores
En el ámbito de la discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la medida más urgente a implementar es la que prevé la accesibilidad universal a la vivienda, ya que hay más de 100.000 personas "prisioneras en sus casas" porque no tienen ascensor o rampas que les permitan salir.
La ley reforma la propiedad horizontal para que las obras necesarias sean obligatorias y siempre que un vecino las pida, haya que solicitar las ayudas existentes. Además, se facilitan los requisitos para acceder a las subvenciones, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos.
Y una medida que no incluye la ley y según CERMI es muy necesaria es reducir los copagos. En su opinión, el sistema de ayuda a la dependencia es "confiscatorio" porque muchas prestaciones tienen un coste para el usuario, lo que "expulsa a personas y familias" enteras. "Esto apenas ha variado y se sigue dejando en manos de las comunidades que hagan lo que libérrimamente consideran y es uno de los principales déficits de la reforma legal".
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