El Gobierno vasco ha concedido dos nuevos terceros grado a presos de ETA. Se trata de Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta. De este modo, desde que el Ejecutivo vasco asumió la gestión de las prisiones en Euskadi se han concedido 87 progresiones de grado a 69 presos de la banda terrorista, según recuerda la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El tercer grado concedido a Otegi llega tras la revocación de una concesión anterior por parte de la Audiencia Nacional. La AVT recuerda que no ha cumplido con las tres cuartas partes de su condena en España -16 años de los 22,5 exigidos- , pero sí los criterios exigidos por la Fiscalía. En el caso de Sáez de la Cuesta, la presa de ETA ha cumplido 23,5 años de condena de los 30 fijados.

 Andoni Otegi Eraso fue detenido en 2002. Está condenado por varios atentados, entre ellos el que perpetró la banda en Santa Pola el 4 de agosto de 2022, en el que murió asesinada una niña de seis años.

En los últimos años ha obtenido beneficios penitenciarios por su participación en los talleres de la llamada justicia restaurativa, que incluye careos entre etarras y víctimas. Otegi Eraso también fue condenado por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica, asesinado en 2001.

 Por su parte Sáez de la Cuesta está en prisión por el asesinato del subteniente retirado de la Guardia Civil Alfonso Parada Ulloa en Vitoria en mayo de 1998, por lo que fue condenada a 29 años de privación de libertad. Además, recibió una pena de 10 años por el intento de atentado contra el expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

 
"En pocos meses, todos en semilibertad"
La AVT asegura que ve con "preocupación" la proliferación de casos en los últimos dos meses, con siete progresiones de grado y de las que en ningún caso ha habido revocación por parte de la Fiscalía: "Nos tememos que en pocos meses todos los presos de ETA ya disfruten de la semilibertad".

   La asociación reclama al Gobierno de Imanol Pradales y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que apliquen una interpretación "rigurosa de la legislación penitenciaria que no favorezca la puesta en libertad de los miembros de ETA presos antes de que cumplan con sus límites máximos de cumplimiento de las condenas". Añaden que si bien aceptan que no cumplan más de 30 o 40 años de prisión, tampoco "ni un día menos".

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La AVT señala que siempre ha confiado en el Estado de Derechos para hacer justicia a las víctimas, pese a que existan decisiones "que nos cueste comprender" aunque sean legales: Las aceptamos resignadas". Reclaman que la política penitenciaria no se convierta en "la puerta de atrás del derecho penal y vacíen de contenido las condenas fijas en sentencia".

En una nota emitida hoy, la AVT concluye que se ve en la obligación de tener que denunciar "los privilegios de nuestros verdugos, mientras a nosotros se nos intenta borrar del mapa": "La gran diferencia es que ahora ya no contamos con el apoyo de la Fiscalía. Estamos más solas que nunca".

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