Se ha producido la mayor catástrofe de la reciente historia de España y ni aun la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento de las gentes y el desastre económico que ya es una evidencia han logrado contener la polarización política que viene siendo nuestra principal seña de identidad en los últimos tiempos.
Dos notas, sin embargo, que nos permiten soportar algo mejor esta evidencia de la pereza que ya nos produce el regate corto y el cinismo elevado al máximo rango de decisión.
La primera, ya conocida por todos, que cuando todo lo demás falla, siempre hay un Rey que tiene el valor de imponerse a las dificultades y de empatizar con sus ciudadanos; la segunda, que la solidaridad cívica que tanto hemos reclamado muchos como rompeolas de los problemas que nos afectan a todos, se ha convertido en una referencia ejemplar, poniendo todavía más en evidencia a quienes constituyen un ejército de paniaguados aplaudientes que se atraviesan por los pasillos de nuestras instituciones.
Porque tenemos seguramente la peor clase política que ha existido desde que se puso en marcha la transición a la democracia. El cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición acerca de las responsabilidades de lo acaecido, no por menos probable resulta más vergonzoso.
Y que nadie espere a que se haga luz definitiva sobre el asunto, porque la actual democracia española no está por la labor de esclarecer la verdad sino para descontar los réditos electorales que pudieran suponerles la tragedia, en un perverso juego de suma cero infinito -lo que tú pierdas lo gano yo.
No ha sido siempre así en España. No hace mucho -en julio de 2021- se producía el centenario del desastre de Annual, uno de los hechos más calamitosos que se recuerdan, quizás después de la pérdida de nuestras últimas posesiones de ultramar en el año 1898.
El gobierno de la época -presidido por Manuel Allendesalazar- encargaba al general Picasso un informe sobre lo sucedido, que luego sería ampliamente debatido en la Cámara. Pues bien, no parece probable que ninguno de los partidos suscite una investigación independiente del desastre de Valencia. No emprenderán los próceres políticos de hogaño lo que supieron hacer los de antaño.
Y, sin embargo, los lodos de Valencia han puesto en evidencia lo que ya existía en amplios sectores de la población española. El hartazgo de una sociedad que se demuestra vibrante y solidaria ante una administración elefantiásica que ya se advierte -si no estaba claro desde mucho tiempo antes- que no se entera de lo que ocurre, que es incapaz de adelantarse a los acontecimientos, que no sabe cómo gestionar las crisis.
Ha nacido en Valencia un retoño de lo que fueron los indignados que poblaron la Puerta del Sol de Madrid en el año 2011. Un brote que todavía hoy no conocemos de su articulación política, porque no está la política entre sus causantes; o, por decirlo de otra manera, sólo se encuentra entre su razón de ser la mala política.
Y detrás de los jóvenes que recogen, calzados con sus botas de goma y armados de palas, los detritus provocados por la naturaleza, hay un clamor de irritación que hoy se afana en reparar la destrucción, pero tal vez mañana dirigirá su dedo acusador contra los gobernantes de uno y otro lado.
Podría desde luego la política, la vieja política, hacer algo para evitar el rechazo que la sociedad pudiera eventualmente concretar con sus votos ante tanta incompetencia. El presidente del gobierno ha propuesto a la oposición que le apruebe los presupuestos, en un cálculo desde luego espurio y ventajista.
La oposición, en una respuesta de libro, ha rechazado tal eventualidad. Pero podría quizás Feijóo revestirse de los oropeles de hombre de estado y aceptar la oferta de Sánchez.
Eso sí, doblando la apuesta. Con la aprobación de las cuentas públicas no viajaría solamente la de las ayudas a los damnificados -que por otra parte no requieren de constancia en la ley presupuestaria-, sino un cambio de paradigma en la política española, que, hoy más que nunca, la magnitud del siniestro les demanda.
Empezaría ésta, sin duda, con la modificación de la política de alianzas de los grandes partidos. El PSOE se desprendería de la extrema izquierda y de sus socios nacionalistas e independentistas; el PP, de lo que aún le quede de sus acuerdos con Vox.
Le seguiría después un pacto de gobierno de legislatura que podría -por ejemplo- repartir los tres años que restan entre los dos partidos mayoritarios, a partes iguales.
Y, junto con ello, se pactaría una agenda de reformas legales que permitan una verdadera regeneración de la política española -desde luego que no la que ha propuesto el presidente-, en ámbitos como el de la independencia del poder judicial, la ley electoral, la acomodación del estado de las autonomías en una perspectiva federal -no confederal-, la educación, las inversiones -entre las cuales las relativas a garantizar el abastecimiento de agua, una transición energética respetuosa con las necesidades de la empresa, el fortalecimiento del parlamento, la descolonización de las entidades de control, la moralización de la vida política…
Ya sé que el lector que haya llegado hasta este punto del comentario pensará que estoy formulando poco menos que un brindis al sol, toda vez que los parámetros de la política española no se mueven en esa cultura de la colaboración que una iniciativa de este punto exigiría.
Pero no se trata de algo muy novedoso en la práctica de los países de nuestro entorno. En Alemania, el gobierno de Olaf Scholtz se someterá el próximo mes de enero a una cuestión de confianza, que es más que probable que no prospere. Desde ahora mismo hasta la convocatoria de elecciones, su ejecutivo será asistido en el parlamento por la CDU.
¿No podrían Sánchez y Feijóo hacer algo parecido a lo que ya están practicando sus socios del norte de Europa? Pueden, pero no son capaces. Una vez más los tiempos de España no son los europeos, una vez más Europa empieza en los Pirineos, una vez más -como decía el poeta- una de las dos Españas nos hiela el corazón.
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