Teresa Ribera, ha sido señalada en la Audiencia Nacional por Víctor de Aldama, un empresario investigado en una presunta red de corrupción.

Según su declaración ante el juez Ismael Moreno, Ribera habría mantenido varias reuniones con él para abordar proyectos relacionados con la lucha contra la despoblación. Aldama afirmó que la ministra estaba al tanto de quién era él y que le planteó encargos vinculados a la «España Vaciada», como iniciativas para emplear mano de obra en «pueblos temáticos».

Uno de los encuentros más relevantes, según el empresario, contó con la presencia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Aldama explicó que Gómez asistió porque estaba interesada en que el Ministerio de Transición Ecológica apoyara un proyecto que ella lideraba en la plataforma G-100, centrado en la repoblación de zonas rurales.

 Poco después de dicha reunión, el Consejo de Ministros otorgó una subvención de 100.000 euros a una entidad vinculada a la asociación liderada por Gómez. Según la resolución de finales de 2022, la ayuda estaba destinada a financiar iniciativas innovadoras en territorios afectados por problemas de despoblación.

Hasta ahora, Ribera no había reconocido públicamente su relación con Aldama, quien aseguró ante el juez que la ministra «sabía perfectamente quién era». Estas declaraciones surgen en un momento crítico para Ribera, enfrentando críticas por su gestión de la crisis de la DANA en Valencia y por su reciente nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea.

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El comisionista detalló que las reuniones con Ribera giraban en torno a posibles proyectos para dinamizar regiones rurales. Según él, la ministra mostraba interés en desarrollar planes que atrajeran mano de obra hacia áreas despobladas a través de estrategias novedosas.

Estas revelaciones añaden nuevas incógnitas sobre los vínculos entre empresarios y altos cargos del Gobierno, mientras las autoridades continúan investigando posibles irregularidades en la adjudicación de fondos públicos. El papel de Begoña Gómez y su influencia en proyectos financiados por el Ejecutivo se suma a los temas bajo escrutinio, alimentando la controversia sobre la transparencia en la gestión de los recursos estatales.

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