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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda civil que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor en cuanto a unas declaraciones que hizo el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
En dicho auto se pronuncian los magistrados la Sala de lo Civil del alto tribunal. Es una demanda que se interpuso por la vía civil después de que el pasado 2 de octubre quedara sin efecto el acto de conciliación al que había instado la pareja de la presidenta madrileña para que la ministra se retractara de sus afirmaciones y al que no acudió.
El acto de conciliación se había preparado tras una reclamación del novio de Ayuso de 40.000 euros por las declaraciones que la ministra hizo en la que pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".
En sus declaraciones, Montero también señaló que le parecía "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión".
También dijo que "se lo tiene que hacer mirar" y le pidió que ofrezca explicaciones "con normalidad" ya que suele ser "tan rápida" a la hora de contestar. "¿Por qué no responde a esta cuestión?", insistió. En concreto, la demanda se centra en las declaraciones que hizo Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre.
La vicepresidenta primera del Gobierno reaccionó en cuanto a la información que destapó 'elDiario.es' en relación a la denuncia que presentó la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
El novio de la presidenta madrileña está investigado en un juzgado de Madrid por diferentes delitos, entre los que se encuentran un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021, cuya defensa reconoció para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, además de por la utilización de una trama de facturas falsas.
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