Hace pocos días volvió a los primeros puestos de las noticias el nombre de Crystal Mangum, la stripper que denunció falsamente por violación a tres jugadores de lacross de la Universidad de Duke. El episodio ocurrió en 2006 y alcanzó enorme relevancia dado que fue presentado por la Fiscalía como un caso icónico de la agresión de los hombres blancos contra una mujer negra.

Casi dos décadas más tarde, Mangum fue invitada a un podcast sobre crímenes reales llamado «Let’s Talk» y allí admitió haber inventado las acusaciones contra David Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann. 

Magnun, dicho sea de paso, grabó el programa desde la cárcel donde cumple una condena por haber matado a puñaladas a su novio en 2011, pero la cosa es que en 2006 sus dichos conmocionaron a la sociedad alimentando la narrativa sobre la raza y los privilegios en la universidad.

En abril de 2007, después de meses de atravesar el arresto y el costoso juicio, el fiscal general de Carolina del Norte, Roy Cooper, desestimó todos los cargos contra los tres jugadores y los declaró inocentes, afirmando que «no había evidencia creíble de que ocurriera un ataque». Los falsamente acusados habían, no obstante, soportado la cancelación social que los convirtió en parias cuando amigos y profesores presumieron su culpabilidad.

Durante más de un año fueron suspendidos del campus, la universidad obligó al entrenador, Mike Pressler, a renunciar y la temporada del equipo fue cancelada.

 Se comprobó que el fiscal de distrito Mike Nifong, que se cebó con el caso, había emitido testimonios falsos y retenido pruebas, y fue inhabilitado y encarcelado por mentir y mala conducta. Magnum no fue procesada por perjurio debido a las dudas sobre su salud mental y, a pesar de su confesión, no puede enfrentar cargos porque su crimen prescribió.

El infame caso sirvió, no obstante, a movimientos como Black Lives Matter o MeToo, y a mantras del feminismo interseccional como el de «yo te creo hermana» que tiene pequeñas variantes según el país, pero que determina que las mujeres «son incapaces de mentir». El caso de Crystal determinó, además, cambios legales que dificultaron en adelante la defensa frente a las acusaciones falsas.

La violencia sexual suele ser difícil de probar, dado que frecuentemente los hechos ocurren en privado lo que crea una situación de palabra contra palabra. Sumado a esto, la particularidad traumática y emocional de este tipo de casos puede distorsionar los recuerdos e incluso negarlos por miedo o vergüenza.

Paradójicamente, todas estas implicancias que ameritan un tratamiento cuidadoso, profesional, reservado y en extremo documentado, se han convertido en arma para determinadas agendas políticas que impulsan una ideología pero que también persiguen objetivos coyunturales como gerenciar oficinas estatales y hacerse con jugosos presupuestos o simplemente obtener becas de investigación y subsidios.

 Desde las usinas del wokismo suele decirse que las acusaciones falsas o bien no existen, o su número es tan marginal que discutirlo no tiene sentido. Existen varias investigaciones acerca de la tasa de acusaciones falsas y muchas de ellas han sido sesgadas o manipulado su resultado.

Muchos estudios convergen en una tasa de entre el 8% y el 10 % para acusaciones falsas de violación, una cifra que debería invitar a gobiernos y a especialistas a arrebatar de las manos del activismo de género el tema para abordar seriamente un problema social creciente.

El caso de la adolescente argentina que denunció a su padre por enfado
Por ejemplo, se conoció hace pocas semanas el caso de Jazmín Carro, una adolescente argentina que denunció falsamente a su padre por abuso sexual, provocando el encarcelamiento del hombre.

Según contó Jazmín, y refrendaron su madre y abuela, luego de una discusión familiar cuando ella tenía 14 años le dijo a su madre que su padre la había manoseado. La madre le creyó a su hija y denunció al padre por abuso sexual, lo que terminó en una condena de 15 años.

Días después, Jazmín se confesó con su abuela, le dijo que todo había sido un engaño producto del enojo. Contó que en la escuela había escuchado un caso similar y que se le ocurrió en un momento de furia. Pero a partir de la denuncia su padre no pudo volver a su casa, ni acercarse a la familia incluyendo a sus dos hermanos.

La adolescente comprendió la dimensión del problema y quiso decir la verdad a las autoridades, pero fue imposible. Los fiscales, en lugar de escucharla, la mandaron a terapia en donde «sólo querían que yo dijera que era una víctima».

 Años y años lleva de lucha Jazmín para poder retractarse y contar la verdad. El 20 de noviembre pasado, en el Congreso de la Nación de Argentina, con motivo de la presentación del proyecto de ley que pide agravar las penas de quienes radiquen acusaciones fraudulentas,  la adolescente contó cómo funciona el sistema judicial frente a estos hechos. Jazmín aseguró que en la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas no encontró auténtica ayuda:

«se tomaron el trabajo de poner que en esa revisión que yo dije que mi papá me obligaba a chuparle el pene. Cosa que no solo nunca pasó, sino que nunca dije. Y pasó de una acusación de abuso simple a un abuso con acceso carnal y todos los agravantes». 

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«Crearon una historia de abusos repetidos en mi cabeza y me hicieron entender que yo sí había dicho lo del sexo oral». Pese a los testimonios en el Congreso, las solicitudes de la defensa del padre para que se escuche a Jazmín y las irregularidades denunciadas durante el proceso, el padre sigue preso.

Las acusaciones falsas han arruinado vidas inocentes, en gran parte porque el sistema judicial está atravesado por la «perspectiva de género». El dogma irracional que exige creer siempre a la mujer es parte de una doctrina que ha banalizado la agresión sexual, corrompiendo los principios sagrados de nuestro ordenamiento democrático que indican que todos somos iguales ante la ley e inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

El caso estadounidense: un conserje escolar acusado falsamente de abusar de varios niños
Recientemente salió a la luz el caso de Pedro Martínez, un conserje escolar de California que pasó 5 años preso al ser acusado falsamente de abusar de varios niños. Su absolución llegó luego de una cruel y muy cara batalla judicial, y en el ínterin estuvo encarcelado a pesar de la evidencia de su inocencia.

En enero de 2019, Martínez fue arrestado en San Bernardino acusado de haber abusado de un niño de seis años en la escuela Maple, donde trabajaba. La denuncia la hizo una mujer que sostenía que Pedro recogía «varios niños para violaciones en grupo que ocurrían de lunes a jueves». 

El Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, Distrito de Joshua Tree, absolvió a Martínez de los 10 cargos de abuso sexual infantil. El juicio concluyó el 11 de diciembre de 2024, pero Martínez estuvo detenido desde el 22 de enero de 2019.

Su acusadora, Magdalena Serna, es una mujer con problemas mentales y con antecedentes de abuso, lo había acusado para desviar la atención de sí misma después de que se descubriera que ella había abusado repetidamente de un niño. El ayudante del sheriff, Jonathan Womelsdorf, creyó en sus acusaciones y no investigó adecuadamente.

 Katherine McBroom, abogada de Martínez comentó: «Es escalofriante que, con una falta tan evidente de pruebas que lo corroboraran, las autoridades hayan seguido adelante, etiquetando a un hombre inocente como un ‘monstruo’ y respaldando los desvaríos de una mujer claramente atribulada».

La defensa legal de Martínez presentó una demanda que, además de solicitar daños compensatorios y punitivos, también denuncia irregularidades procesales, como la retención de pruebas y el direccionamiento de testigos. A pesar de la absolución de Martínez, el daño ya estaba hecho y el estigma quedará para siempre. 

Para poner este drama en perspectiva, según datos del FBI, en 2022 se registraron unos 88.000 casos de violación en los Estados Unidos, podríamos estar ante nada menos que 8.000 acusaciones falsas.

Que el índice de acusaciones falsas sea insignificante o del 10% reviste una enorme diferencia respecto de las leyes y de los protocolos de investigación, así como de la perspectiva de los legisladores, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad que se relacionan con esta problemática.

Los dos jugadores de rugby franceses arrestado pese a la inexistencia del delito
En julio de 2024, Oscar Jegou y Hugo Auradou dos jugadores de la selección nacional de rugby de Francia fueron arrestado por cargos de abuso sexual. El caso, rápidamente, saltó a las primeras planas, alimentado por un sinnúmero de prejuicios contra los acusados.

La denunciante decía que la habían violado en el Hotel Diplomatic en Mendoza, Argentina, el 6 de julio, durante una fiesta que tuvo lugar en el hotel, tras un partido contra Los Pumas. Jégou y Auradou fueron arrestados en Buenos Aires, por el área de Interpol de la Policía Federal de Argentina para ser llevados a una cárcel en Mendoza en un convoy policial. 

 La pericia psicológica practicada a la denunciante, desacreditó su relato, los peritos oficiales marcaron: «Presenta un relato lineal y estructurado en contraposición a uno espontáneo y fluido, rígido en cuanto a la cronología de los hechos y que resulta deficitario en cuanto a la construcción lógica del mismo, cuyos detalles no se articulan en forma coherente como un todo».

«Detectamos una tendencia a acomodar la información que brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerla y que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima». Tras meses de suplicio para los acusados, la jueza Eleonora Arenas, determinó la inexistencia del delito.

La mayoría se producen ante una disputa por la custodia de los hijos
Una encuesta de la organización End to DV arroja resultados que merecen especial atención. Entre las personas que habían sido acusadas o habían conocido a alguien acusado falsamente, en la mayoría de los casos las acusaciones se habían producido en el marco de una disputa por la custodia de los hijos. Un progenitor acusado de abuso sexual tiene menos probabilidades de obtener la custodia.

La mirada tendenciosa de la sociedad y de los gobiernos frente a la naturaleza de los hombres, luego de años de hegemonía del dogma MeToo, ha hecho un terrible daño a la convivencia social y especialmente a miles de hombres cuyos derechos y presunción de inocencia han sido pisoteados.

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Si los hombres son victimarios por naturaleza y las mujeres son siempre víctimas oprimidas, entonces un sistema basado en la igualdad de derechos no tiene sentido. Han logrado torcer el sistema de justicia para que en lugar de juzgar individuos juzgue identidades interseccionales bajo la perspectiva de género. 

 Este enfoque ideológicamente sesgado ha sido un enorme incentivo para la proliferación de las falsas denuncias, convertidas en arma de una agenda política y también en un instrumento siniestro al alcance de personas trastornadas o sencillamente inescrupulosas.

Las acusaciones falsas arruinan la vida de los acusados y de sus familias, al tiempo que banalizan los casos reales de violencia sexual. Paradójicamente, el «hermana yo te creo» y el «no existen denuncias falsas» han provocado más escepticismo respecto al drama de los abusos que nunca. Un daño que costará mucho tiempo e inteligencia remediar.

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