La hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, Sofía Puente, modificó mediante una instrucción administrativa la aplicación de la conocida como ley de nietos pocos días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
De acuerdo con esa información, el documento fue firmado el 25 de octubre de 2022 desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo dependiente entonces del Ministerio de Justicia, y se elaboró sin conocimiento de la ministra de la época, Pilar Llop.
La controversia gira en torno a la interpretación de la disposición adicional octava de la norma, aprobada por el Parlamento durante el verano de 2022 y vigente desde el 21 de octubre de ese mismo año.
Mientras el texto legal reconoce el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio, la citada instrucción habría ampliado el alcance práctico de la ley mediante nuevos criterios de aplicación que, según las fuentes citadas por el medio, no figuraban expresamente en la redacción aprobada por las Cortes.
Según esta interpretación administrativa, la adquisición de la nacionalidad española de origen produciría efectos sucesivos sobre las generaciones posteriores. En la práctica, ello habría permitido que el beneficio alcanzara no solo a hijos y nietos de exiliados, sino también a bisnietos e incluso tataranietos, pese a que estas generaciones no aparecen mencionadas de forma explícita en la ley.
Como consecuencia, el alcance de la medida se habría extendido también a descendientes de emigrantes cuya salida de España se produjo incluso antes de 1936.
Una instrucción de este tipo debe limitarse a unificar criterios de aplicación de una norma, sin modificar su contenido ni incorporar derechos no previstos por el legislador. Sin embargo, las fuentes consultadas por el citado medio consideran que el documento firmado por Sofía Puente introdujo una interpretación que alteró de forma sustancial el alcance de la ley aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por el Senado.
La publicación también subraya el contexto político en el que se produjo la decisión. La Ley de Memoria Democrática fue impulsada por el Ministerio de la Presidencia, entonces dirigido por Félix Bolaños.
Apenas unas semanas después, Bolaños pasó a asumir la cartera de Justicia y nombró a Sofía Puente secretaria general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, un ascenso que ha alimentado las especulaciones sobre la posible coordinación entre ambos en relación con esta instrucción, extremo que no ha sido acreditado oficialmente.
El alcance de la denominada ley de nietos ha generado un elevado volumen de solicitudes de nacionalidad. Según los datos citados por el medio, se han registrado alrededor de 2,6 millones de expedientes, concentrándose la mayoría en países de Iberoamérica. Argentina encabeza la lista con más de un millón de solicitudes, seguida de Cuba, Brasil y México. Hasta finales de abril se habían aprobado aproximadamente medio millón de expedientes y más de 320.000 personas ya habían quedado inscritas en el Registro Civil español.
La interpretación de esta norma continúa siendo objeto de debate político y jurídico. Mientras algunos consideran que la instrucción permitió ampliar el acceso a la nacionalidad más allá de lo previsto inicialmente por el legislador, otros defienden que se limitó a fijar criterios para facilitar una aplicación homogénea de la ley.
En cualquier caso, la actuación de Sofía Puente ha reabierto la polémica sobre el verdadero alcance de la reforma y sobre el procedimiento seguido para desarrollar una de las medidas más relevantes de la Ley de Memoria Democrática.
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