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Mientras Occidente y el resto del mundo apuestan por la energía nuclear como una solución clave para el futuro energético, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue decidido a desmantelar el sector nuclear en España, avanzando hacia un apagón nuclear que culminará en 2035.
Esta decisión contrasta con el panorama internacional, donde países como Francia, China, India y Japón se preparan para aumentar su capacidad nuclear en 2025, un año que marcará un pico histórico en la actividad atómica, según el informe Electricidad 2024 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
En España, el primer gran golpe se dará en los próximos meses con la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. El Ejecutivo ha fijado el cierre de la unidad I para este primer trimestre de 2025, dejando al sector ante un momento decisivo.
«Si no conseguimos revertir esta decisión en la primera mitad del año, el cierre será inevitable», declaró Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvis de Monroy y principal defensor de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’.
El plan del Gobierno establece que el desmantelamiento del parque nuclear español comenzará este año y finalizará en 2035 con el cierre de la central de Trillo, la última en entrar en funcionamiento en el país. Desde el sector, las críticas son contundentes.
«No existe ninguna razón objetiva para seguir con este calendario de cierres», asegura Juan Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC). Según Sánchez, las centrales españolas son un modelo de seguridad reconocido a nivel internacional, y el cierre responde a una decisión «puramente ideológica».
A pesar de las presiones de partidos políticos, sindicatos y empresas del sector para frenar este proceso, el Gobierno parece firme en su postura. Sin embargo, desde las plataformas y asociaciones pro-nucleares, se mantiene el optimismo.
«Quienes defendemos un mix energético que incluya la energía nuclear debemos actuar unidos para evitar un error que podría tener graves consecuencias para la economía y el empleo del país», subrayó Sánchez.
El impacto económico del cierre de las centrales preocupa especialmente a las comunidades donde operan estas instalaciones. La desaparición del sector podría suponer una pérdida significativa de empleos directos e indirectos, además de afectar a los municipios que dependen de los ingresos generados por la actividad nuclear.
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