El 1 de enero de 2025, la edad ordinaria de jubilación en España se incrementa a 66 años y 8 meses, como resultado de la reforma acordada en 2011 entre los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este cambio se implementa gradualmente, con la intención de alcanzar los 67 años en 2027.
En el momento de la firma del acuerdo, la edad de jubilación era de 65 años, y el aumento se acordó realizarlo de manera progresiva para minimizar la oposición a una medida de este tipo. Este acuerdo perjudicial para la clase obrera, no solo aumenta la edad de jubilación, sino que también tiene un impacto directo en el monto total de las pensiones que recibirán los jubilados.
El retraso en la jubilación implica que los trabajadores cobrarán pensiones durante un periodo más corto. Se estima que jubilarse dos años más tarde resulta en un 13% menos de tiempo de pensión para hombres y un 10% para mujeres, basándose en una esperanza de vida de 80 años para hombres y 85 años para mujeres.
Esto significa que los sindicatos, al firmar el acuerdo, esencialmente acordaron una reducción en las pensiones de los trabajadores, lo que se traduce en una disminución del 13% para hombres y del 10% para mujeres.
Además de aumentar la edad de jubilación, la reforma también introdujo otras dos medidas que afectan negativamente a las pensiones. En primer lugar, se incrementó el número de años que un trabajador debe cotizar para tener derecho a cobrar el 100% de su pensión, pasando de 35 años a 38,5 años en 2027.
En segundo lugar, se modificó el cálculo de la pensión, aumentando el periodo de referencia de 15 años a 25 ó 29 años, eliminando los dos peores años de cotización. Estas modificaciones han llevado a que muchos trabajadores jubilados desde 2013 reciban pensiones significativamente inferiores a las que habrían cobrado sin la reforma.
A pesar de las afirmaciones de los portavoces del gobierno del PSOE y Sumar, y de los sindicatos, relativas a un supuesto aumento en las cuantías de la pensión, estas subidas se refieren a incrementos anuales y no consideran la reducción inicial provocada por el acuerdo de 2011.
Esto significa, lisa y llanamente, que muchos jubilados actuales reciben pensiones más bajas que las que hubieran obtenido sin dicha reforma.
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