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Estados Unidos confiscó este jueves un avión relacionado con el régimen de Nicolás Maduro, el cual se encontraba estacionado en un hangar de un aeropuerto de Santo Domingo por supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones de EE.UU., el segundo aparato incautado en cinco meses.
Las autoridades dominicanas entregaron al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de visita en el país, este aparato en el aeropuerto La Isabela, en la provincia de Santo Domingo, donde se encontraba retenido desde 2024.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, se trata de un Dassault Falcon 2000EX utilizado por la sancionada empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA).
Conforme a la investigación estadounidense, el aparato, adquirido en 2017 por PdVSA en EE.UU. y exportado a Venezuela, fue “revisado y mantenido en múltiples ocasiones utilizando piezas de Estados Unidos”, algo que viola las leyes de control de exportaciones y sanciones de los Estados Unidos.
“El uso de piezas fabricadas en los Estados Unidos para reparar y mantener aeronaves operadas por entidades sancionadas como PdVSA es intolerable”, dijo Devin DeBacker, jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, de acuerdo con un comunicado.
Por su parte, el fiscal federal Hayden O’Byrne para el Distrito Sur de Florida señaló que “la incautación del avión Dassault Falcon 2000EX es otro ejemplo del compromiso de esta oficina de hacer cumplir las leyes de control de las exportaciones de Estados Unidos contra PdVSA, de propiedad venezolana, y otras entidades sancionadas”.
“La confiscación de activos es una poderosa herramienta de aplicación de la ley, que seguiremos utilizando agresivamente para disuadir, interrumpir y combatir de otro modo la actividad delictiva”, subrayó O’Byrne, según la nota.
En septiembre pasado, Estados Unidos incautó de otro aparato vinculado a Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana por cuestiones de mantenimiento.
En aquella primera ocasión la aeronave fue decomisada y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, como denunció la Fiscalía General.
