Pedro Sánchez ha inhabilitado a la empresa del caso hidrocarburos, Villafuel SL, por incumplir los mismos requisitos que, en 2022, sí que avaló el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico de Teresa Ribera.

Ese organismo lo encabezaba Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea. La empresa inhabilitada está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presuntamente haber sido usada para el fraude de al menos 182 millones de euros en concepto de IVA. Pero esa causa no se menciona en su inhabilitación.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden ministerial de Transición Ecológica en la que no alude a la pieza judicial actualmente abierta para inhabilitar a la empresa comercializadora de hidrocarburos. En su lugar, lo argumenta en la falta de «acreditación de los requisitos relativos a la capacidad legal, técnica y financiera» para ejercer como operador de fuel al por mayor.

Concretamente, el pasado 10 de octubre de 2024, el Ejecutivo solicitó a Villafuel que acreditara el cumplimiento de unos requisitos concretos que exige la ley para ser comercializadora de fuel al por mayor.

El Gobierno exigió, específicamente, la documentación que probase que la empresa tenía la «capacidad legal, técnica y financiera para ejercer la actividad». También pidió información sobre si tienen los «medios de recepción, almacenamiento y transporte» que exige la ley.

«La notificación se considera rechazada», reza la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y es que, tal y como recoge la norma para trámites como estos, pasaron «diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido». Es decir, que Villafuel no respondió a la solicitud para acreditar que cumplía con los requisitos.

Finalmente, el 7 de noviembre de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas, un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Energía que entonces lideraba Sara Aagesen, ahora ministra para la Transición Ecológica, inició el procedimiento de inhabilitación, que terminó 10 días después sin que la empresa formulara alegaciones. Y, por tanto, se inhabilitó a Villafuel para comerciar con hidrocarburos al por mayor.

 Los documentos que el Ministerio requería a Villafuel son los mismos que la propia cartera de Teresa Ribera avaló en 2022. Según Transición Ecológica, la sociedad cumplía con la «capacidad legal, técnica y financiera», «seguridad de los suministros», así como «medios de recepción, almacenamiento y transporte» y «existencias mínimas de seguridad» para operar como comercializadora de hidrocarburos.

Esos requisitos, que entonces fueron avalados, son precisamente los que el Gobierno ha solicitado acreditar a Villafuel. Y lo ha hecho dos años después y con un proceso judicial en fase de instrucción abierto contra los principales responsables de la empresa.

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Sin embargo, en ningún caso se hace mención de la causa en la que se investiga, entre otros, a Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como «ideólogo» de la trama. Tampoco se hace mención de qué modificaciones sustantivas pueden haber llevado al Gobierno a solicitar esta documentación.

Además, el ministerio de Teresa Ribera otorgó la licencia de operador mayorista de hidrocarburos en un tiempo récord de tres días: el procedimiento administrativo se realizó entre el 6 y el 9 de septiembre de 2022. Esto es algo poco habitual en ese tipo de trámites, ya que suelen necesitarse varios meses para que los documentos puedan ser examinados antes de aprobarse.

Esa información refleja que la aprobación se produjo después de que el empresario Claudio Rivas tuviera una reunión con altos cargos del Ministerio de Industria, entonces liderado por Reyes Maroto. La cita se habría gestionado a través de la trama en la que se investiga a Koldo García, el que fuera ayudante del entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos.

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