Según los datos de ejecución presupuestaria, el Estado ha tenido que habilitar el récord de 22.200 millones de euros para pagar este déficit en 2024, ya que este sistema de pensiones no se financia con las cotizaciones del empleador (administraciones)
Economia17 de febrero de 2025 VP
El gasto público destinado a pagar las pensiones del Régimen de Clases Pasivas, al que están adscritos los funcionarios que ingresaron en las Administraciones antes de 2011, está creciendo a un ritmo del 8%. Es decir, muy por encima de lo que aumenta el de las pensiones del también sistema público de la Seguridad Social (cerca del 7%).
Según los datos de ejecución presupuestaria, el Estado ha tenido que habilitar el récord de 22.200 millones de euros para pagar este déficit en 2024, ya que este sistema de pensiones no se financia con las cotizaciones del empleador (administraciones), sino directamente con la caja de los impuestos que pagan los contribuyentes. Las cuotas abonadas por el personal funcionario resultan insuficientes (sólo llegan a unos 600 millones).
Esta inmensa ‘bola de nieve’ de gasto con destino a los funcionarios pasivos (el crecimiento en 2023 superó el 10,5% y en 2022 se acercó al 9,5%) supera los 21.400 millones que el Estado emplea en pagar las nóminas del personal activo (funcionarios y personal laboral).
Y equivale al doble del presupuesto del ministerio inversor por excelencia (Transportes) y a casi el 75% de los intereses que genera la deuda pública. A falta aún de los datos definitivos del año, el déficit de Clase Pasivas representa casi el 1,5% del PIB, mientras que el de la Seguridad Social oscilará entre el 0,2%, según las estimaciones oficiales (unos 3.500 millones) y el 0,5% (unos 7.500 millones) que ha pronosticado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
La partida se incluye en el capítulo 4 de los Presupuestos Generales del Estado como una transferencia corriente o subvención y no como un gasto de personal en el capítulo 1, como se contemplaba anteriormente.
Se trata de un sistema público exclusivo para el personal funcionario de la Administraciones Civil (incluso para los trasvasados a las autonomías), Militar y de Justicia, así como de las Cortes Generales y los organismos constitucionales, que coexisten con el de la Seguridad Social, donde está incluida una parte del personal de las Administraciones y todos los trabajadores del sector privado.
Nunca se ha cuestionado su viabilidad. La diferencia es que el déficit de las Clases Pasivas corre a cargo de los contribuyentes mientras que el de la Seguridad Social se financia con un crédito anual del Estado, que se anota como deuda para la futura devolución por parte de los afiliados al sistema, y con las cotizaciones de los incluidos.
En la actualidad, el Estado contribuye con una cantidad anual cercana a los 35.000 millones para la pensiones de la Seguridad Social, pero se trata de compensaciones por los gastos impropios (faltan aún algunas partidas por delimitar) que han sido endosados a este sistema desde su configuración y que deberían correr a cargo del Estado.
Este particular régimen de pensiones a cargo del Estado para los funcionarios (también de sanidad privada), que no se ha aplicado al resto del personal público contratado, nació hace casi un siglo (1926) con el Gobierno de Primo de Rivera, cuando Hacienda asumió la gestión que venía dispensando los antiguos montepíos y mutualidades. No ha sufrido modificación alguna en su estructura de gasto.
Sólo se ha producido una armonización de la profusa legislación que realizó el PSOE en 1985, así como su inclusión obligatoria a partir de 2011 en el Régimen General de la Seguridad Social, que Bruselas forzó a hacer a José Luis Rodríguez Zapatero.
Es decir, a partir de ese año todos los nuevos funcionarios de nuevo ingreso, y en concreto las Administraciones correspondientes (como empresas empleadoras), han de cotizar a la Seguridad Social si bien se mantiene este sistema de Clases Pasivas para aquellos que llegaron a las Administraciones antes de ese ejercicio.
Esto significa que la Seguridad Social, sometida a permanentes ajustes y cambios para mantener su viabilidad, podría gozar ahora de una mejor situación financiera, si no se hubiera mantenido durante tantos años este sistema para el 'top' de los administradores públicos que no se extinguirá hasta más allá de 2060 cuando no haya funcionarios pasivos y activos con antigüedad anterior a 2011.
Es decir, los gobiernos han creado y mantenido otro sistema paralelo al general sin la necesidad de abonar sus cuotas empresariales al contar con el respaldo de los Presupuestos.
Este régimen, cuya gestión se ha transferido a la Seguridad Social desde finales de 2020, es el origen del boom del empleo público; sobre todo, en los años más duros de la gran crisis financiera (entre 2007 y 2011 creció en más de 350.000 empleados).
Y en particular, en las comunidades autónomas que, al no tener que pagar las cotizaciones de empleador, ‘funcionarizaron’ a gran parte de sus contratados, muchos de ellos a dedo procedentes de los partidos, ya que les salía más barato.
El dinero público acumulado para pagar estas pensiones desde 2011 supera ya los 215.000 millones. Seguirá su crecimiento desbocado durante muchos años. Se debe a que la mayoría de los funcionarios percibe la pensión máxima (sus bases reguladoras son más elevadas al disponer de un mayor rango retributivo que en la media del sector privado), y su cálculo y los requisitos para acceder son distintos.
También tiene que ver la existencia de situaciones curiosas como la de que algunos colectivos con 60 años de edad y 30 de antigüedad en el servicio pueden anticipar la jubilación voluntaria sin reducción alguna o el mantenimiento de pensiones, por ejemplo, a favor de los padres. Y hay jubilados que perciben más de una retribución hasta completar la percepción máxima.
Aumento exponencial
Su número sigue disparado. Por ejemplo, en diciembre de 2024 había 721.395 pensiones, mientras que en 2019 la cifra era de 655.315, y en 2011 no llegaba a las 600.000. Es decir, el número de pensiones ha crecido más de un 21% desde aquel año en que se decidió la inclusión de los nuevos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social.
Las altas de las jubilaciones están aumentando exponencialmente (en 2024 se acercaron a los 39.000), mientras que las bajas (por fallecimiento) se quedaron en menos de 24.000. Es decir, el saldo neto es de casi 15.000 nuevas pensiones netas al año mientras que en 2019 eran 10.000 y de 7.000 en 2011. En ese año, el déficit (la diferencia entre ingresos y gastos) era de 11.000 millones y ahora es del doble.
La casi totalidad de estos 22.200 millones a que ha llegado la dotación en 2024 se la reparten los jubilados civiles de la legislación anterior y posterior a 1995 (año en que se realizó la regulación), así como sus familiares, y también los retirados militares y sus familiares.
La previsión inicial, al estar prorrogados los Presupuestos de 2023 a 2024, era de 20.400 millones y ha habido que realizar una modificación de crédito de casi un 9% más para atender el incremento de gasto. En esta partida se incluyen otras pensiones menores que van desapareciendo y que no son muy significativas en número y cantidad.
Por ejemplo, para los militares no profesionales de la República y sus familiares se han habilitado 31 millones de euros); para mutilados de guerra y familiares hay 33 millones; a familiares de fallecidos en guerra se destina 15,6 millones; para ayudas a víctimas de delitos violentos se contempla 3,3 millones; para los afectados por el VIH hay 10,7 millones; para las víctimas de actos de terrorismo de no funcionarios se habilita 2 millones y el gasto es de 17,6 millones para el concepto de ‘otras pensiones’ a ex ministros anteriores a la democracia, pensiones del Montepío de Guinea o del personal marroquí que colaboró con Franco o excepcionales.
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