Cuando Sánchez, con su pasado, pone a militantes y fontaneros en Correos, estimula el voto por correo como nunca y mete la mano en Telefónica o Indra, no activar todos los controles es de negligentes, imbéciles o cómplices. Hay que controlarlos. El fraude electoral está en juego. Hay indicios claros
Corrupción21 de diciembre de 2025
Impacto España NoticiasLa posibilidad de fraude en el voto por correo ya no admite silencios ni evasivas institucionales, ni periodisticas. Cuando se acumulan robos de votos, deficiencias graves en la custodia, investigaciones judiciales por compra de sufragios y un control político creciente sobre los organismos clave del proceso electoral, el debate deja de ser ideológico para convertirse en una cuestión esencial de salud democrática.
No se trata de negar resultados electorales sin pruebas, sino de advertir que el sistema presenta vulnerabilidades objetivas, agravadas por decisiones políticas concretas y por el incumplimiento de garantías legales básicas previstas en la normativa electoral.
Un sistema frágil que invita a la manipulación
El problema del voto por correo no nace de una sospecha partidista, sino de hechos constatables. El robo de votos por correo en Extremadura, actualmente investigado judicialmente, evidenció que el sistema puede ser explotado de forma organizada y con fines políticos.
Las oficinas de Correos custodian durante días o semanas miles de votos sin funcionar como espacios de alta seguridad electoral. Los controles de acceso son limitados, los protocolos internos no son equiparables a los de otras infraestructuras críticas y la trazabilidad del voto resulta insuficiente.
Entre el depósito del voto y su llegada a la mesa electoral pueden transcurrir hasta veinte días, un periodo en el que el sufragio queda fuera del control del elector y de los representantes de las candidaturas. Ese lapso constituye una zona opaca incompatible con los estándares de una democracia exigente.
Investigaciones judiciales por compra de votos
A esta debilidad estructural se suma un dato especialmente grave: la existencia de investigaciones judiciales por compra de votos, muchas de ellas vinculadas directamente al voto por correo del PSOE.
Estas investigaciones acreditan que existen redes organizadas dispuestas a manipular el proceso electoral, y que el voto postal es percibido como el canal más vulnerable. No se intenta corromper aquello que está perfectamente blindado. Se ataca aquello que permite intervención, presión o sustitución del voto.
Pedro Sánchez y la colonización de instituciones clave
Bajo el mandato de Pedro Sánchez, se ha producido una colonización progresiva de instituciones estratégicas vinculadas al proceso electoral.
En Correos, Sánchez nombró presidente a Juan Manuel Serrano, amigo personal y exjefe de su Gabinete en La Moncloa, y posteriormente a Pedro Saura, exdirigente socialista de máxima confianza. Durante esta etapa, la contratación de Leire Díez, conocida por su papel como fontanera política del PSOE, generó una alarma institucional cuando ella misma reconoció su implicación en tareas relacionadas con el voto por correo.
A ello se suma la influencia gubernamental en empresas clave como Indra, responsable del escrutinio provisional, y Telefónica, fundamental para las infraestructuras de transmisión de datos. El resultado es un circuito electoral prácticamente controlado por perfiles alineados con el poder ejecutivo.
Elecciones en julio de 2023: voto por correo masivo y forzado
La convocatoria de elecciones generales el 23 de julio de 2023, en pleno periodo vacacional, forzó a millones de ciudadanos a votar por correo. El resultado fue histórico: 2,6 millones de votos postales, el doble que en 2019.
Nunca antes tantos votos habían quedado almacenados durante días en oficinas postales bajo una dirección políticamente alineada con el Gobierno. No fue una circunstancia inevitable, sino una decisión política cuyas consecuencias sobre la confianza electoral aún no han sido analizadas con rigor.
El antecedente de las primarias del PSOE: la urna escondida
El análisis no puede desligarse de los antecedentes personales de Pedro Sánchez. Durante las primarias del PSOE, Tomás Gómez denunció públicamente la existencia de una urna escondida y maniobras irregulares durante el proceso de votación.
Aquellas denuncias nunca fueron aclaradas mediante una auditoría independiente ni una investigación transparente. Simplemente se pasó página. En democracia, los procesos opacos no desaparecen: se acumulan como precedentes.
El incumplimiento de la LOREG: actas ignoradas y dependencia de Indra
Uno de los aspectos más graves y menos debatidos del proceso electoral es el incumplimiento sistemático de la LOREG en lo relativo al recuento y verificación de resultados.
La ley electoral es clara: las actas de las mesas electorales son la base legal del resultado. Sin embargo, en la práctica, los resultados proclamados públicamente no se basan en el recuento efectivo y contrastado de esas actas, sino en datos telemáticos proporcionados por Indra, empresa encargada del escrutinio provisional.
Las actas físicas, firmadas por los miembros de mesa e interventores, no se cuentan ni se verifican de forma generalizada, salvo en caso de impugnación concreta. El sistema se apoya casi exclusivamente en una transmisión de datos gestionada por una empresa controlada políticamente por el Gobierno, con consejeros y directivos afines al PSOE.
Esto supone una quiebra del espíritu y de la letra de la LOREG, que concibe el escrutinio como un proceso verificable, trazable y basado en documentos oficiales, no en flujos de datos opacos inaccesibles para el ciudadano.
Que los resultados electorales dependan de una empresa controlada por el poder político, sin auditorías públicas independientes y sin contraste masivo con las actas originales, no es una anomalía menor: es un problema estructural de primer orden.
De las primarias al Estado: una misma lógica de control
La utilización del CIS, dirigido por José Félix Tezanos, como herramienta de propaganda; el control político de RTVE; y la ocupación partidista de organismos teóricamente independientes responden a una misma lógica: controlar el relato, los datos y los procesos.
Nada de ello prueba por sí solo un fraude electoral generalizado. Pero sí obliga a extremar la vigilancia. La democracia no se basa en la buena fe del gobernante, sino en la existencia de contrapesos reales.
Correos, militantes y manipulación del sistema
El problema un posible fraude con el voto por correo se agrava cuando Sánchez coloniza instituciones estratégicas: colocó militantes, amigos y personas de máxima confianza en Correos, Indra y Telefónica. No lo hizo por casualidad. Son empresas estratégicas en las elecciones.
Correos se convirtió en una pieza clave. Sánchez situó primero como presidente a un amigo personal y jefe de Gabinete. Después, nombró a un hombre de fidelidad absoluta. Entre ambos movimientos apareció la contratación forzada de la fontanera política Leire Díez, que creó una estructura paralela en Correos.
Ella misma reconoció su implicación en la gestión del voto postal. Correos intentó desmentirlo. El daño ya estaba hecho. Su testimonio público quedó grabado y refuerza el problema con el voto por correo y el recuento electoral.
Además, Sánchez convocó elecciones generales en julio de 2023, en pleno éxodo vacacional. Forzó a millones de españoles a votar por correo. ¿Casualidad? No, premeditación. El resultado fue histórico: 2,6 millones de votos anticipados, el doble que en 2019.
Esos votos quedaron depositados durante días en oficinas sin vigilancia suficiente. Todo ocurrió bajo la dirección de personas afines al Gobierno. Ese escenario no genera confianza. Genera alarma.
Vigilancia democrática o degradación institucional
El problema del posible fraude en el voto por correo y en el recuento electoral ya no admite tibiezas. No reforzar controles, no auditar procesos y no garantizar custodias seguras equivale a aceptar un sistema vulnerable.
España necesita transparencia real, recuentos basados en actas verificadas, auditorías independientes y control ciudadano efectivo. Cada voto cuenta. Cada irregularidad importa.
Callar ahora no es neutralidad. Es renuncia.
La democracia no se defiende con fe ciega en el poder, sino con vigilancia constante. Defender la libertad exige actuar. También —y sobre todo— en las urnas.
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