La política migratoria de Pedro Sánchez ha convertido a España en un coladero sin control. La regularización masiva de inmigrantes ilegales, bajo la consigna de «Papeles para todos», no solo destruye el tejido social del país, sino que genera un efecto llamada imparable.

La reciente revelación de que más de 237.000 marroquíes han obtenido la nacionalidad española desde 2018 es la prueba irrefutable de una política irresponsable y suicida.

Nacionalizaciones en cifras alarmantes
El periódico marroquí Le Matin ha presumido de que España ha concedido la nacionalidad a 237.000 marroquíes desde que Sánchez asumió la presidencia. Esta cifra prácticamente duplica la del gobierno de Mariano Rajoy, que otorgó la nacionalidad a 130.000 personas.

Solo en 2023, 45.799 marroquíes recibieron el pasaporte español, muchos de ellos con apenas 19 años. La comunidad marroquí ya supera los 844.000 residentes en España, con Cataluña como principal destino, donde se concentran 250.000.

Este descontrol no solo supone un incremento exponencial de la población extranjera en España, sino que también genera graves problemas de convivencia, saturación de los servicios públicos y una competencia desleal en el mercado laboral. Mientras tanto, los ciudadanos españoles continúan sufriendo una crisis económica galopante y un paro juvenil que no encuentra solución.

Un gobierno que fomenta la inmigración ilegal
Lejos de establecer un control riguroso de la inmigración, el gobierno de Sánchez ha multiplicado las facilidades para los extranjeros en situación irregular. La reciente regularización de 25.000 inmigrantes ilegales en las zonas afectadas por las riadas es otro ejemplo del despropósito socialista.

Bajo la excusa de una tragedia, el Ejecutivo ha permitido que miles de personas sin papeles obtengan autorizaciones de residencia y trabajo por un año, sin que nadie garantice que regresarán a su país una vez finalizado ese plazo.

La prensa marroquí aplaude estas medidas y lo califica como «un paso adelante hacia una mayor integración». En realidad, se trata de una estrategia política que solo busca consolidar un electorado cautivo a costa de los derechos y la seguridad de los españoles. La inmigración masiva, lejos de beneficiar a España, ha generado una sociedad cada vez más fragmentada y dependiente de subsidios.

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El peligro del efecto llamada
Las cifras hablan por sí solas. La permisividad de Sánchez con la inmigración ilegal ha convertido a España en un destino atractivo para quienes buscan regularizar su situación sin cumplir con los requisitos mínimos. La legislación española, además, facilita el acceso a la nacionalidad a menores marroquíes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad en territorio español.

Esto no hace más que agravar el problema, incentivando la llegada de menores en condiciones de riesgo con el único objetivo de obtener un pasaporte español en el futuro.

Mientras otros países europeos han endurecido sus políticas migratorias, España sigue avanzando en la dirección contraria. En Francia, Alemania o Italia, los gobiernos han tomado medidas firmes para controlar la inmigración y evitar el colapso de sus sociedades.

En España, en cambio, se prefiere regalar la nacionalidad y fomentar la llegada masiva de extranjeros sin ningún tipo de control.

Consecuencias para los españoles del papeles para todos
La política de «Papeles para todos» tiene un coste que pagamos todos los ciudadanos. La sobrecarga de los servicios públicos es evidente: la sanidad está colapsada, las ayudas sociales se reparten sin control y la seguridad en muchos barrios se ha deteriorado gravemente.

El español de a pie ve cómo su país cambia a un ritmo vertiginoso mientras el gobierno prioriza los intereses de los inmigrantes sobre los de sus propios ciudadanos.

Además, el impacto económico es devastador. La llegada masiva de inmigrantes sin cualificación laboral incrementa la competencia en sectores de baja remuneración, perjudicando a los trabajadores más vulnerables. Los salarios se estancan, las oportunidades disminuyen y la calidad de vida se deteriora.

Conclusión
Pedro Sánchez ha puesto en marcha una política migratoria suicida que está destruyendo España desde dentro. La nacionalización masiva de inmigrantes y la regularización indiscriminada de ilegales solo traen más problemas de convivencia, inseguridad y sobrecarga de los servicios públicos.

Mientras tanto, la prensa marroquí aplaude esta situación y promueve un efecto llamada que seguirá trayendo más inmigración descontrolada.

Es hora de poner freno a este despropósito y exigir un cambio radical en la gestión migratoria. España no puede seguir siendo el paraíso de la inmigración ilegal mientras sus propios ciudadanos sufren las consecuencias de un gobierno que ha decidido traicionarles. Urge una política firme, con controles estrictos y prioridades claras: primero los españoles.

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