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La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha admitido que la "Ley de la Huerta", promovida por el expresidente valenciano Ximo Puig, impidió la ejecución de obras destinadas a prevenir inundaciones en el barranco del Poyo. Este cauce fue uno de los más afectados durante la DANA que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha reconocido que la Ley de la Huerta, impulsada por el gobierno del expresidente valenciano Ximo Puig y sus socios de Compromís, impidió ejecutar las obras para prevenir inundaciones en el barranco del Poyo.
Ribera se avino a la Ley de la Huerta de Ximo Puig
Sin embargo, con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez y al PSOE a La Moncloa, el proyecto quedó parado. Bajo su Gobierno no se iniciaron las obras ya proyectadas, ya incluidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) y ya analizadas desde el punto de vista coste-beneficio.
En cambio, la CHJ, con la entonces ministra Teresa Ribera y con Miguel Polo a la cabeza, reconoce que no ejecuta las obras proyectadas hace más de 15 años y con todos los trámites hechos, sino que empieza la redacción de nuevos proyectos distintos de los anteriores.
Según documentos oficiales remitidos al Ayuntamiento de Valencia, la CHJ señala que las restricciones impuestas por dicha ley obstaculizaron proyectos de encauzamiento y mejora en el barranco del Poyo.
A pesar de que la entidad llevaba más de 15 años proponiendo soluciones para mitigar el riesgo de inundaciones en la zona, en 2021 se vio obligada a modificar sus planes debido a los "reparos" presentados por el Consell de l'Horta, organismo encargado de velar por la protección de la huerta valenciana.
No obstante, informes de evaluación ambiental de la Generalitat Valenciana indican que ninguno de ellos fue desfavorable a las obras previstas en los barrancos de La Saleta y El Poyo.
Todos los informes eran favorables o condicionados a una adecuada integración paisajística. Sin embargo, el gobierno valenciano de entonces argumentó que la "Ley de la Huerta" impedía dichas obras, lo que llevó a su modificación para permitir construcciones residenciales y deportivas en terrenos previamente protegidos.
Tras las devastadoras inundaciones de octubre de 2024, la CHJ ha anunciado una inversión cercana a los 87 millones de euros en obras de emergencia. Estas actuaciones se centrarán en reparar los daños en el dominio público hidráulico e infraestructuras afectadas, incluyendo intervenciones en el barranco del Poyo, el río Magro y el tramo bajo del Turia.
La situación ha generado un intenso debate sobre la compatibilidad entre la protección del patrimonio agrícola y la necesidad de infraestructuras que garanticen la seguridad de las poblaciones ante fenómenos meteorológicos extremos.
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