Impacto España Noticias
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha enviado a sus vocales afines a tantear el terreno en el Tribunal Supremo para evaluar si existiría la posibilidad de que se le imputara por prevaricación en caso de que impulsara el rescate del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Esta maniobra, según fuentes cercanas a la alta judicatura, responde a la incertidumbre sobre la reacción del Alto Tribunal ante una posible decisión del Constitucional en favor de García Ortiz. El fiscal general ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en los últimos meses, lo que ha generado una fuerte polarización dentro del sistema judicial.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha tomado buena nota de los dos avisos que le ha lanzado el Tribunal Supremo por su enorme, llamativa y eficaz cercanía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Supremo -alto tribunal de nuestro orden jurisdiccional (no el Constitucional, que es un organismo político)- ha lanzado ya dos advertencias al Tribunal Constitucional de Pumpido abriendo la puerta a una posible investigación por un delito de prevaricación por las resoluciones en las que el TC ha respaldado los criterios que más podían beneficiar al PSOE pisoteando decisiones del Supremo como, por ejemplo, las sentencias condenatorias de los ERE.
La posibilidad de que Conde-Pumpido incurra en prevaricación se plantea debido a la controvertida interpretación de sus competencias en el conflicto. Su papel como garante de la constitucionalidad lo coloca en una posición delicada, ya que cualquier intervención en favor de García Ortiz podría ser interpretada como una extralimitación de sus funciones.
Uno de los autos más recientes del Supremo ha recogido la siguiente exposición del magistrado Vicente Magro: en primer lugar es verdad que inadmite una segunda querella sobre el caso de los ERE; presentada en esta ocasión por la Asociación contra la Prevaricación "Atando Cabos".
Pero, en segundo lugar, el magistrado Magro cita un primer auto del Supremo redactado por su compañero Andrés Palomo en el que se afirmaba que en el TC no hay "carta blanca": "Esta disposición no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del poder judicial o de otros poderes del Estado.
No equivale a una suerte de inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones; como pudiera derivarse de eventual infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, etc".
Los magistrados del Supremo, por su parte, han mostrado una postura reservada ante estas indagaciones, conscientes del impacto político y judicial que podría acarrear un enfrentamiento directo entre las dos principales instancias judiciales del país.
En este escenario, la decisión de Conde-Pumpido de enviar a sus vocales a explorar las intenciones del Supremo revela la tensión latente entre las distintas instituciones del Estado y el delicado equilibrio que deben mantener en la interpretación y aplicación de la ley.
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