
Más de 5.500 inmigrantes en Ceuta eluden la expulsión y siguen ilocalizables
Impacto España Noticias
Desde la invasión de Ceuta, hace tres meses y medio, la Policía Nacional ha iniciado cerca de 8.000 expedientes de expulsión de adultos. Además ha identificado a unos 3.700 menores no acompañados que viven en la ciudad autónoma sin un destino claro. Estas casi 12.000 personas se sumarían a las más de 88.000 que, según la Guardia Civil, abandonaron Ceuta de forma voluntaria en las últimas semanas.
El procedimiento empieza con un triaje: cuando una patrulla localiza a alguien sin documentos, se le toman fotografía y huellas, se recogen los datos que facilite y se le asigna un número de NIE. Eso abre la expulsión por la vía «preferente», que en teoría tiene plazos más cortos. Como la mayoría de los identificados declara que quiere pedir asilo, el siguiente paso es citarlos a una entrevista, normalmente unos tres días después.


Ahí se rompe el proceso. Con los datos de la última semana, de casi 8.000 identificados que han solicitado asilo, solo 2.200 habían acudido a la entrevista, mientras que más de 5.500 no se han presentado.
Fuentes policiales sostienen que «probablemente están aconsejados para que no se presenten, porque así su expulsión no se puede tramitar, ya que es muy probable que no les concedan el asilo, sobre todo en el caso de los marroquíes». Las patrullas siguen encontrando a diario a decenas de personas sin identificar, de modo que crecen los indocumentados mientras los expedientes avanzan mucho más despacio.
La entrevista exige además la presencia de un abogado y un traductor, lo que alarga el trámite. La Policía dispone desde hace dos años de un software de traducción automática que lo agilizaría, pero Interior no le ha autorizado a usarlo. Según las fuentes policiales, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha rechazado al menos dos peticiones específicas para Ceuta, con el argumento de que hay dudas sobre si vulneraría la ley de protección de datos.
La expulsión solo sigue su curso si una patrulla identifica en la calle a un inmigrante que no acudió a la entrevista. Es algo complicado, porque estas personas suelen evitar la calle cuando puede haber presencia policial.
Los menores no pueden ser expulsados. La ONG Coordinadora de Barrios denunció el domingo que 500 de ellos viven en las calles de la ciudad sin protección alguna. A diferencia de lo que ocurre con los traslados desde El Hierro a la Península, no se han hecho con estos 8.000 adultos ni con los 3.700 menores, y los servicios de Ceuta siguen colapsados.
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