Ursula von der Leyen, ha ofrecido finalmente a los gobiernos europeos el encaje legal necesario para replicar el modelo del Gobierno italiano de Giorgia Meloni para externalizar los centros de deportación a terceros países, si bien Bruselas establece una línea roja para que ningún migrante sea trasladado a esas instalaciones fuera de la Unión Europea hasta que se haya dictado una orden definitiva de expulsión.

"Debemos ser firmes y asertivos en nuestro planteamiento, sin dejar de ser fieles a los valores europeos de justicia y derechos fundamentales", ha defendido la vicepresidenta de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, al presentar los detalles de la propuesta de Bruselas, que debe ser aún negociada entre los Veintisiete y la Eurocámara antes de ser adoptada.

Von der Leyen ya prometió en diciembre a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que sus servicios buscarían la "mejor manera de introducir en el marco jurídico" el establecimiento de los 'hubs' en países terceros, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, "respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales".

Este formato fue defendido por una gran mayoría de países como una "solución innovadora" para acelerar los retornos, aunque algunos como España dejó claro que no ve con buenos ojos esta opción, por dudas sobre su eficacia y su legalidad.

En este contexto, Bruselas establece varias líneas rojas que diferenciarán el modelo que Giorgia Meloni ha acordado con Albania pero que la Justicia italiana ha paralizado en varias ocasiones por transferir a este centro de retención a migrantes recién rescatados en alta mar, sin llegar a tramitar sus peticiones de asilo en Italia.

La propuesta afirma que el sistema deberá incluir "fuertes condiciones de protección" para los retornados, por ejemplo que exista una orden de expulsión definitiva y que los acuerdos "bilaterales o a nivel europeo" para establecer los centros de deportación sólo puedan firmarse con países que "respetan los estándares internacionales" en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional, incluido el principio de no devolución por el que las devoluciones ilegales son ilegales.

También fija una serie de "salvaguardas claras" que los gobiernos deberán incluir en los acuerdos que negocien de forma bilateral, como por ejemplo garantizar que existe un "organismo independiente" o "mecanismo de supervisión" que vigile que se cumple lo pactado y que en ningún caso puedan ser traslados menores no acompañados ni familias con niños.

Con esta propuesta, la Comisión quiere revisar la directiva de Retorno que data de 2008 y considera obsoleta para agilizar las expulsiones de migrantes que llegan a la Unión Europea de manera irregular y no obtienen la protección de refugiado o asilado. El Ejecutivo comunitario defiende este dossier como un pilar "esencial" para asegurar que funcione el Pacto de Migración y Asilo que los gobiernos deben aplicar a más tardar en 2026.

Así, Bruselas insiste en que el objetivo de la reforma es acabar con los "abusos" del sistema por el que "apenas uno de cada cinco" migrantes sobre los que pesa una orden de expulsión llega a abandonar realmente el territorio comunitario, según los datos ofrecidos por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), junto a la vicepresidenta Virkkunen.

A preguntas de la prensa, tanto Brunner como Virkkunen han rechazado de plano que esta "solución innovadora" sea una réplica del modelo negociado por Meloni con Albania o el que Reino Unido intentó con Ruanda. "Son completamente distintos", ha dicho el comisario de Interior y Migración, poniendo el acento en que a los centros que plantea Bruselas sólo podrán ser trasladados migrantes sobre los que hay una "decisión final sobre su retorno".

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 También la vicepresidenta comunitaria ha subrayado que se aplicará sólo a "personas que están de manera ilegal en la Unión", mientras que el comisario Brunner ha avisado también de que esta propuesta "crea el marco, no el contenido", de eventuales acuerdos y por tanto supone ofrecer a los gobiernos "una especie de condiciones mínimas para cualquier 'hub' de este tipo que cree".

La propuesta plantea otros cambios para endurecer la política de retornos que se aplica en la Unión Europea, por ejemplo contar con una "Orden Europea de Retorno" para agilizar los procesos y favorecer el reconocimiento mutuo de las decisiones para que un Estado miembro pueda ejecutar una expulsión que haya sido ya dictada en otro país socio.

Con la euroorden, sostiene Bruselas, se avanzará hacia una base de datos común para que todos los Estados miembro sean informados cuando pese una orden de expulsión sobre un migrante y se evitarán las disfunciones de la actual fragmentación en 27 sistemas distintos.

 También se asienta la "obligación legal de cooperar" por parte del migrante con las autoridades, es decir, que no se traslade a otro Estado miembro mientras se resuelve su caso o que no destruya documentos, y Bruselas avisa de que "cuando no se cumplan las obligaciones, habrá consecuencias". "Quien no coopere y represente un riesgo será detenido, es algo esencial para garantizar que no hay abusos del sistema", ha remachado Brunner.

Otra de las innovaciones es elevar hasta los diez años el tiempo en que un migrante deportado de forma forzosa tendrá prohibida la entrada de nuevo en la Unión Europea, una medida que tiene carácter disuasorio y con el que Bruselas cree que desincentivará las llegadas irregulares pero también favorecerá los retornos "voluntarios", a los que se animará también con asistencia financiera.

La Comisión quiere además que los gobiernos cuenten con un paraguas de reglas más estrictas para localizar a los migrantes sin derecho a permanecer a la UE, por ejemplo permitiéndoles exigir una garantía financiera al individuo, que informe periódicamente de su paradero o, incluso, que las autoridades nacionales puedan designar el lugar en el que debe permanecer.

 Si las autoridades ven riesgo de fuga en un migrante sobre el que pesa orden de expulsión existen condiciones para decretar su detención, que podrá ser de hasta un máximo de 24 meses (frente a los 18 actuales).

Además, los Estados miembro deberán evaluar ya en una fase temprana si la persona que ha llegado a suelo europeo supone una amenaza para la seguridad y, en tal caso, podrán decretar su expulsión y detenerlo hasta un máximo de 24 meses.

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