Pedro Sánchez busca captar los votos de los españoles residentes en el exterior. Por este motivo, el Gobierno está preparando un decretazo para que las personas nacidas en nuestro país y que en estos momentos residen fuera puedan recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Una medida electoralista que contrasta con el fracaso de esta prestación en nuestro país: una de cada dos familias que podrían percibir esta ayuda, no lo hacen.

Concretamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, ha sacado a consulta pública el proyecto normativo relativo al reglamento del desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

En él, el Gobierno expone que es necesario actualizar esta legislación dado que se han producido «cambios muy relevantes en cuanto al volumen y los perfiles de la ciudadanía española residente en el exterior».

«Esta normativa se ha visto superada por la realidad de la emigración española más reciente, duplicada cuantitativamente en el plazo de diez años y, también, con unas nuevas características que la diferencian, en algunos aspectos, de la emigración española de épocas anteriores.

En el momento actual nos encontramos, por tanto, ante un esquema de emigración en el que conviven modelos migratorios diferentes: la emigración española tradicional a Europa de los años 60 y 70; la de las personas descendientes de la emigración española a Iberoamérica principalmente de la primera mitad del siglo XX y la emigración provocada por la crisis económica de los años 2008 en adelante.

Se trata de supuestos migratorios diferentes que requieren medidas diferentes, y para las cuales el actual marco normativo necesita adaptación», reza el citado texto.

 Entre los cambios propuestos por el Gobierno se incluye el desarrollo del ámbito prestacional, que, de facto, generaría que los españoles residentes en el extranjero puedan ser beneficiarios de algunas de estas ayudas.

«Las normas de desarrollo y aplicación de esta ley, especialmente en el ámbito prestacional, no pueden ser ajenas a los importantes cambios administrativos que se han venido produciendo en los últimos años, como la transferencia de la gestión de las pensiones no contributivas a las Administraciones autonómicas o, más recientemente, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital», argumentan.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido su fracaso a la hora de repartir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que no ha llegado ni a la mitad de la población que quería cubrir. Y, con el objetivo de revertir esta situación, va a gastar 440.000 euros en una campaña de publicidad para «reducir la brecha de cobertura».

Es decir, pretende disminuir la cantidad de personas que, pudiendo recibir la ayuda, no la han solicitado y, por tanto, no les ha llegado.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, ha licitado un contrato a través de su subsecretaría para «el diseño, realización y producción de una campaña de información sobre el Ingreso Mínimo Vital» de cara al próximo año 2025.

El documento con el pliego de condiciones técnicas del Ministerio de Inclusión apunta a que, «desde su puesta en funcionamiento», el IMV ha llegado a 2,5 millones de personas.

El propio Gobierno se vanagloriaba en octubre de que, desde junio de 2020, «el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 900.856 hogares y ha protegido a las 2.676.673 personas que forman parte de ellos». Y cifraban el gasto para las arcas públicas en los 12.130 millones de euros.

Sin embargo, desde la cartera de Elma Saiz aseguran que la tasa de Non Take-Up, es decir, el porcentaje de personas que no han recibido la ayuda, es del 56%. Por tanto, más de la mitad de la población que podría haber sido beneficiaria del IMV no ha accedido a él. Y culpan de este fracaso en el reparto de la prestación al «desconocimiento y la falta de información».

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