Aunque desde el Ejecutivo no detallan aún los pormenores del acuerdo con Junts, la formación independentista sí avanza que Cataluña sólo recibirá 20 o 30 menores frente a los 700 que, por ejemplo, le corresponderá a Madrid
Politica18 de marzo de 2025
Impacto España Noticias
El Gobierno lleva meses persiguiendo apoyos parlamentarios para sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, una modificación legal por la que pretende obligar a todas las comunidades autónomas a acoger menores migrantes que colapsan los centros asistenciales de Canarias. Y parece que, por fin, lo ha conseguido.
Aunque desde el Ejecutivo no detallan aún los pormenores del acuerdo con Junts, la formación independentista sí avanza que Cataluña sólo recibirá 20 o 30 menores frente a los 700 que, por ejemplo, le corresponderá a Madrid.
A falta de conocer la reforma en profundidad, los mimbres fijados por Junts han provocado la ira del primer partido de la oposición, que gobierna además en la mayoría de comunidades autónomas. Desde Génova ya avanzan que sus territorios no acogerán a más inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías".
El pacto migratorio llega sólo un día después de que Carlos Mazón haya suscrito un acuerdo presupuestario con Vox, por el que la Comunidad Valenciana se compromete no sólo a no admitir a más extranjeros, sino a activar un plan de retorno de los menores ya afincados en la región.
Aunque Génova aseguró compartir el "planteamiento" de Vox respecto a la inmigración, lo cierto es que hay una línea que separa a las dos formaciones de derecha en esta cuestión. Mientras el PP vincula la acogida de menores a que el Gobierno ofrezca "garantías" y financiación a unas comunidades ya saturadas, los de Abascal se oponen de forma tajante a recibir más inmigrantes sean cuáles sean las circunstancias.
Con todo, y a falta de conocer los detalles del acuerdo suscrito por el Gobierno, los populares mantienen una posición "crítica" a un decreto que ya fracasó en el Congreso en julio del año pasado, precisamente por el voto en contra de PP y Junts.
"El PSOE está diciendo hoy que la Comunidad Valenciana es racista en materia de inmigración. Pero lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios del Partido Popular: negarse a acoger a menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías.
Son personas a atender, no paquetes a recepcionar", lanzan en Génova. "Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida, las autonomías no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país", reiteran.
Los populares recuerdan al Ejecutivo que ellos no se oponen de forma taxativa a reformar la ley de Extranjería por la situación de extraordinaria gravedad que sufre Canarias, pero su apoyo está condicionado a una serie de requisitos que el Gobierno no ha entrado a valorar.
Además de dotar de financiación a los territorios, el PP exige endurecer la política migratoria de España y reforzar los controles en la frontera sur para impedir los flujos de inmigrantes irregulares.
Según el planteamiento de Junts, Cataluña y Euskadi serían las regiones que menos inmigrantes acogerían con el nuevo reparto, una circuntancia que el PP vincula a la necesidad del Gobierno de atar el respaldo de las fuerzas nacionalistas en detrimento de las regiones gobernadas por el Partido Popular.
"El Gobierno que ya troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para contentar al independentismo catalán se abre ahora a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos, con el único objetivo de blindar el apoyo parlamentario a Sánchez para continuar en la Moncloa", reflexionan.
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