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Muface abre una investigación sobre el uso de los pisos alquilados a la familia Gómez

Otra de las cuestiones clave es determinar si el precio de alquiler estuvo justificado o si se otorgaron condiciones ventajosas a la familia Gómez sin cumplir con los procedimientos adecuados

Corrupción20 de marzo de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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Pedro Sánchez, Begoña Gómez

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha iniciado una investigación interna para esclarecer las condiciones en las que varios inmuebles de su propiedad han sido alquilados a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta indagación surge tras la revelación de que estos pisos han sido utilizados para fines distintos a los establecidos en los contratos de arrendamiento.

Los inmuebles en cuestión
Desde un ático de 139 metros por sólo 850 euros, reconvertido posteriormente en pensión-picadero, hasta el local de la sauna Adán que gestionó durante décadas el patriarca de los Gómez, Sabiniano, y su hermano Enrique Francisco.

Aún hoy figuran como titulares de los inmuebles, tasados en 1,2 millones. Muface busca ahora saber si el subarriendo estaba permitido por contrato o si el uso de los pisos difiere de lo declarado por los Gómez. Este precio es considerablemente inferior al valor de mercado en una de las zonas más cotizadas de la capital española.

Según las informaciones recogidas, dicho ático fue transformado en una pensión con 14 habitaciones que se alquilaban por horas o días.

La gestión de este negocio estaba vinculada a la sauna Adán, un establecimiento de ocio nocturno dirigido por Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, y su hermano Enrique Francisco. Además del ático, la familia también alquilaba otros inmuebles en el mismo edificio, incluyendo el local en el que operaba la sauna.

Motivos de la investigación
Muface ha puesto en marcha esta investigación para determinar si las modificaciones realizadas en el inmueble y el subarriendo de habitaciones contaron con la autorización correspondiente. También busca establecer si se cumplieron todas las condiciones contractuales y si el uso que se le dio a estos inmuebles se ajustó a lo declarado por los arrendatarios.

Otra de las cuestiones clave es determinar si el precio de alquiler estuvo justificado o si se otorgaron condiciones ventajosas a la familia Gómez sin cumplir con los procedimientos adecuados. Este aspecto cobra relevancia debido a que informes previos del Tribunal de Cuentas ya habían señalado deficiencias en la gestión y control de los bienes inmuebles propiedad de Muface.

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En concreto, el sexto piso de esa finca, el ático, fue destinado principalmente a alquiler de habitaciones tras una obra en su interior que modificó la estructura de la vivienda. Muface quiere saber si se realizaron esas obras -y otras posteriores- con permiso de la mutualidad.

Con esa reforma, el piso pasó a tener multitud de habitaciones que se ofrecían como pensión a los clientes de la sauna Adán, también alquilada por Sabiniano Gómez a Muface. Tras el cierre de la sauna, el ático se reconvirtió en un alojamiento turístico que se publicitaba en internet con una capacidad de «14 habitaciones».

Implicaciones y repercusiones
La apertura de esta investigación ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y mediático. Algunos sectores han exigido explicaciones claras sobre las condiciones de arrendamiento y el uso real de los inmuebles. Además, la oposición ha solicitado que se haga pública toda la documentación relacionada con estos contratos.

Por su parte, Muface ha asegurado que actuará con total transparencia y que, en caso de detectarse irregularidades, tomará las medidas necesarias para garantizar la correcta administración de su patrimonio inmobiliario.

Conclusión
El caso de los pisos alquilados a la familia Gómez pone nuevamente en el centro del debate la gestión del patrimonio público y la necesidad de un mayor control sobre los contratos de arrendamiento en organismos estatales. Mientras la investigación sigue en curso, la opinión pública espera respuestas sobre si se han cometido irregularidades y qué consecuencias podrían derivarse de este caso.

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