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Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado en su contra, en el marco de la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Junto a ellos, otras nueve personas están procesadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La causa: una contratación bajo sospecha
La investigación judicial gira en torno a la contratación de David Sánchez en un organismo público vinculado a la Diputación de Badajoz, donde ocupó cargos con funciones ejecutivas. La Fiscalía y la jueza instructora, Beatriz Biedma, consideran que podrían haberse producido irregularidades en el proceso de incorporación, lo que justificaría la apertura de juicio oral contra Gallardo y el resto de los procesados.
Los delitos que se investigan son de prevaricación administrativa —por adoptar resoluciones presuntamente arbitrarias y contrarias a Derecho— y tráfico de influencias, en relación con el posible aprovechamiento de vínculos personales o políticos para favorecer la contratación.
Petición de nulidad: argumentos de la defensa
El abogado defensor de Gallardo, Juan José Torres, ha presentado un escrito ante el juzgado reclamando la nulidad del auto de apertura de juicio oral fechado el 22 de mayo, así como de una resolución posterior, del día 26, que corregía un error material del primero.
1. Competencia judicial y aforamiento
Uno de los ejes centrales del recurso es la falta de competencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para dictar el auto, dado que, según la defensa, Miguel Ángel Gallardo ya había sido proclamado diputado electo en la Asamblea de Extremadura en el momento en que se dictó dicha resolución.
Este hecho implica, según el abogado, que Gallardo ya gozaba de aforamiento parlamentario, lo que dejaría sin competencia a la jueza Biedma para continuar con la instrucción o decretar la apertura de juicio oral. El escrito de la defensa sostiene que, en consecuencia, el auto debe considerarse nulo de pleno derecho.
La jueza, sin embargo, había sostenido en su resolución que los intentos de Gallardo de acogerse al aforamiento podrían suponer un fraude de ley, insinuando que la proclamación como diputado podría haberse utilizado estratégicamente para evitar el proceso penal. Frente a ello, el abogado Torres argumenta que el aforamiento era ya un hecho consumado y legalmente efectivo cuando se dictó el auto, lo que inhabilita cualquier consideración sobre un posible fraude.
2. Lenguaje judicial y “valoraciones impropias”
Otro aspecto llamativo del escrito presentado por la defensa es la crítica expresa a determinadas expresiones utilizadas por la jueza Biedma en sus resoluciones. En concreto, se cuestiona el uso de términos como “ejemplaridad” o referencias a ser un “buen gobernante”, que, a juicio del letrado, “no tienen cabida en una resolución judicial”.
El abogado subraya que esas apreciaciones no sólo resultan subjetivas, sino que podrían afectar a la imparcialidad del procedimiento, al introducir valoraciones personales o políticas en un contexto estrictamente jurídico. En palabras literales del escrito:
“El señor Gallardo tendrá o no esas cualidades, pero no es esta la sede para debatirlo.”
Este planteamiento apunta a un posible exceso por parte de la magistrada al incluir juicios de valor que se alejan de los fundamentos jurídicos que deben guiar cualquier resolución judicial, especialmente en fases tan sensibles como la apertura de juicio oral.
¿Qué está en juego?
La admisión o rechazo de esta petición de nulidad no es una mera cuestión formal. En juego está la validez del proceso penal en su conjunto respecto a Miguel Ángel Gallardo. Si el juzgado admite la nulidad, podría significar que el procedimiento debe recomenzar ante un órgano competente, como el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dada la condición de aforado del imputado.
Además, una eventual nulidad podría impactar sobre el resto de los acusados, generando nuevos debates procesales sobre la validez de las actuaciones realizadas hasta la fecha. También podría tener repercusiones políticas en un caso ya de por sí sensible, al involucrar a un familiar directo del presidente del Gobierno.
Contexto político y mediático
La figura de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación desde 2015, ha sido históricamente influyente en el socialismo extremeño. Su elección como diputado en la Asamblea autonómica y el posible aforamiento asociado han generado polémica en la opinión pública, especialmente al producirse en paralelo con el avance de la investigación judicial.
La inclusión de David Sánchez en la lista de procesados ha añadido una dimensión política adicional, dada su vinculación directa con el presidente del Gobierno. Desde sectores críticos se ha denunciado un posible caso de nepotismo institucionalizado, mientras que desde el entorno socialista se defiende la legalidad del proceso de contratación y se cuestionan los móviles de la denuncia.
La decisión que adopte el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en relación con la petición de nulidad presentada por la defensa de Miguel Ángel Gallardo será crucial para el futuro inmediato del procedimiento. Más allá de los aspectos técnicos, el caso refleja un choque entre el ámbito jurídico, el debate político y la sensibilidad mediática, que vuelve a poner sobre la mesa el eterno dilema entre el poder y la justicia.
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