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El expresidente del Ministerio de Sanidad y actual líder del Gobierno catalán, Salvador Illa, ordenó mediante diversos documentos que los ancianos contagiados con COVID-19 permanecieran agrupados en las residencias y no fueran trasladados a hospitales.
Así lo revelan documentos, lo que contradice la versión del Ejecutivo central, que responsabiliza a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de las muertes en estos centros durante la pandemia. Sin embargo, en paralelo, Illa sí autorizó que los presos con síntomas de coronavirus pudieran ser llevados a hospitales para recibir atención médica.
En las directrices establecidas por Sanidad, se estipuló que los residentes con infecciones respiratorias leves debían ser aislados. Si no era posible mantenerlos en habitaciones individuales, se recomendaba el aislamiento en cohortes, es decir, agrupar a los ancianos infectados en una misma estancia, separándolos del resto de residentes.
En los documentos se reconoce que el Ejecutivo era consciente, desde el 31 de enero de 2020, de la peligrosidad del virus y de la necesidad de extremar las precauciones, así como de la alta mortalidad entre las personas mayores. Según el texto, la tasa de letalidad en la franja de 70 a 79 años era del 8 %, mientras que en mayores de 80 años alcanzaba el 14,8 %.
A pesar de este conocimiento, cuando en las residencias se detectaban casos positivos, las instrucciones establecían que los pacientes permanecieran en sus centros sin posibilidad de traslado hospitalario, limitando su movilidad y asegurando que se mantuvieran en habitaciones con ventilación adecuada.
El informe con estas directrices fue emitido el 5 de marzo de 2020, nueve días antes de la declaración del estado de alarma. En ese momento, tanto la sanidad pública como la privada aún tenían capacidad para atender pacientes, por lo que, según diversos altos cargos hospitalarios consultados, no existía justificación para prohibir la hospitalización de ancianos infectados.
Otro documento del Ministerio de Sanidad insistía en la restricción de visitas de familiares y en la prohibición de salidas de los residentes. Esta orden incluía también la negativa a trasladar a los enfermos a hospitales.
«Se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación», señalaba el texto. Según especialistas sanitarios, estos pacientes podrían haber sido derivados al Hospital de IFEMA, que comenzó a recibir ingresos el 22 de marzo y nunca llegó a colapsarse.
En contraste con estas medidas, otro documento conjunto de Sanidad y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior establecía que los presos con síntomas graves de COVID-19 sí podían ser trasladados a hospitales.
En el documento se especificaba que «no se realizarán traslados de los casos posibles o confirmados, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias, en cuyo caso se deberán tomar las medidas de protección pertinentes».
Pese a las instrucciones dadas por el Gobierno central sobre la gestión en residencias de ancianos, en la actualidad el Ejecutivo culpa a Isabel Díaz Ayuso de las muertes ocurridas en estos centros dentro de la Comunidad de Madrid.
La exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, llegó a calificar estos fallecimientos como «asesinatos». Ante estas declaraciones, el Gobierno regional madrileño ha anunciado posibles acciones legales.
Posteriormente, Maroto matizó sus palabras, alegando que su intención era destacar que «esas personas fallecieron en las residencias sin recibir tratamiento médico adecuado». Sin embargo, no hizo referencia a que las órdenes de no hospitalizar a los ancianos provenían del Gobierno del que ella misma formó parte.
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