Al evitar la intervención del Parlamento y gobernar por decreto, Pedro Sánchez está concentrando un poder significativo en manos del Ejecutivo, algo que se asemeja más a un gobierno autoritario que a un sistema democrático
Noticias24 de marzo de 2025 Salvador Gimenez
En la actualidad, uno de los puntos más controversiales en la política española es la creciente utilización de los decretos ley por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde su llegada al poder, Sánchez ha recurrido a esta herramienta legislativa con una frecuencia alarmante, lo que ha suscitado críticas por parte de la oposición, expertos en derecho constitucional y ciudadanos que consideran que este método de gobernar socava los principios democráticos fundamentales.
A través de los decretos ley, el presidente del Gobierno ha eludido en repetidas ocasiones la necesidad de pasar por el Parlamento, un órgano representativo elegido por el pueblo y cuya función esencial es el control y la aprobación de las leyes que afectan a la sociedad. Esta práctica, que algunos tachan de "gobernar por decretazo", abre una inquietante comparación con los regímenes autoritarios y dicta su carácter antidemocrático.
Los decretos ley: una herramienta para casos excepcionales
Los decretos ley son una figura jurídica prevista en la Constitución española, específicamente en su artículo 86, que permite al Ejecutivo dictar disposiciones legislativas con fuerza de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Sin embargo, la clave está en el término "extraordinaria y urgente necesidad", que implica que los decretos ley solo deberían emplearse en situaciones excepcionales que no puedan esperar a ser tramitadas mediante los cauces ordinarios del Parlamento. La cuestión es que, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, este recurso ha sido utilizado de manera sistemática, incluso cuando no se cumplen las condiciones de urgencia o excepcionalidad.
En 2020, por ejemplo, en medio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, Sánchez adoptó medidas a través de decretos ley de manera que muchos consideraron necesarias para hacer frente a la emergencia.
Sin embargo, el problema radica en que esa misma tendencia no solo se limitó a la crisis sanitaria, sino que se ha mantenido como una constante en su gestión política, alcanzando áreas como la reforma laboral, la regulación de los fondos europeos y las políticas sociales. En cada una de estas áreas, el uso de decretos ley ha evitado el debate parlamentario, el cual es fundamental para una democracia pluralista.
¿Un gobierno sin control parlamentario?
El uso excesivo de los decretos ley no solo resta poder al Parlamento, sino que también priva a los ciudadanos de la posibilidad de influir en la legislación a través de sus representantes elegidos. El Parlamento no solo tiene la función de aprobar leyes, sino también de fiscalizar y controlar al Gobierno, algo que se ve socavado cuando el Ejecutivo decide aprobar medidas sin someterlas a un verdadero debate parlamentario.
Este es un aspecto central de la democracia: la capacidad de los ciudadanos, a través de sus representantes, de decidir sobre los asuntos que afectan a la sociedad.
Al evitar la intervención del Parlamento y gobernar por decreto, Pedro Sánchez está concentrando un poder significativo en manos del Ejecutivo, algo que se asemeja más a un gobierno autoritario que a un sistema democrático.
En una democracia, el poder debe estar dividido entre las diferentes ramas del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La ausencia de un control parlamentario efectivo sobre las decisiones del Gobierno de Sánchez está erosionando esta división de poderes.
Una constante en la historia de los regímenes autoritarios
Gobernar mediante decretos ley sin el control del Parlamento es una de las características más preocupantes de los regímenes autoritarios.
En estos sistemas, el poder no se encuentra en manos de los representantes del pueblo, sino que reside en un líder o en un grupo pequeño que tiene la capacidad de imponer decisiones sin necesidad de justificación o de rendir cuentas.
Aunque España sigue siendo una democracia formalmente, el uso excesivo de esta práctica por parte del presidente Sánchez deja la sensación de que se está gobernando de manera arbitraria y sin sujeción a las instituciones que deben equilibrar el poder.
Lo que está en juego es la esencia misma de la democracia: la pluralidad de opiniones y el espacio para el debate político.
Si el Ejecutivo puede imponer leyes y políticas sin pasar por el Parlamento, se debilita la posibilidad de que la sociedad exprese su desacuerdo o sus preocupaciones a través de sus representantes. Esto no solo pone en peligro la calidad democrática del país, sino que también abre la puerta a decisiones erráticas y no sometidas al escrutinio público.
La necesidad de un control más riguroso
Es imprescindible que se establezca un control más riguroso sobre el uso de los decretos ley en España. El Parlamento debe recuperar su capacidad para debatir y aprobar las leyes que afectan a la vida de los ciudadanos, y el Ejecutivo debe someterse a las reglas de la democracia representativa.
Si esta tendencia continúa, se corre el riesgo de consolidar un sistema de gobierno que, sin llegar a ser una dictadura en el sentido estricto, se asemeja cada vez más a uno, al menos en su forma y en la concentración de poder que implica.
Además, el hecho de que el Gobierno recurra a los decretos ley en lugar de utilizar los mecanismos ordinarios de la ley plantea la pregunta de si realmente hay una "urgencia" en estos casos o si, más bien, el Ejecutivo está buscando evitar la confrontación política y el control parlamentario.
Un gobierno autoritario por decreto
En resumen, la práctica habitual de gobernar por medio de decretos ley, como ha hecho Pedro Sánchez en los últimos años, plantea serias dudas sobre la calidad democrática de su gobierno. Si bien los decretos ley pueden ser necesarios en situaciones excepcionales, su uso como herramienta de gobierno permanente está erosionando las bases de la democracia representativa en España.
El Parlamento debe recuperar su rol como órgano decisivo en la legislación del país, y el Ejecutivo debe actuar dentro de los límites constitucionales y democráticos. Solo así se podrá evitar que España caiga en un modelo de gobernanza autoritaria disfrazado de democracia.
El posible delito de abuso de poder
En situaciones extremas, donde se utilice el decreto ley de forma sistemática para evitar el control parlamentario y sin justificación de urgencia, esto podría considerarse un abuso de poder.
Si se puede demostrar que un gobierno ha estado gobernando de manera autoritaria, sin justificación legal adecuada y con fines que benefician solo a ciertos intereses, podrían existir implicaciones penales por mal uso de las prerrogativas gubernamentales. Sin embargo, para que se pueda considerar un delito penal, sería necesario que hubiera evidencia de dolo o intención maliciosa detrás de la acción, lo que haría más compleja la interpretación.
¿Un delito?
El uso de decretos ley sin una urgencia real no es necesariamente un delito en términos penales directos. Sin embargo, si un decreto ley se aprueba sin cumplir con los requisitos constitucionales, puede ser anulado por el Tribunal Constitucional. En el plano político, podría verse como un abuso de poder y una violación de la separación de poderes, lo cual es un ataque directo al sistema democrático.
En conclusión, la promulgación de decretos ley que no sean urgentes puede considerarse una vulneración del marco legal y constitucional de España, y en algunos casos, una violación del principio democrático. No se trata necesariamente de un delito penal en el sentido estricto, pero su abuso podría derivar en consecuencias graves, tanto a nivel legal como político.
La clave radica en que el Ejecutivo no debe utilizar los decretos ley como un atajo para evitar el control parlamentario, ya que esto pone en riesgo la legitimidad de la democracia y la distribución del poder en el sistema constitucional español.
Preocupación por la calidad democrática
El uso abusivo de los decretos ley puede ser visto como una forma de erosionar la calidad democrática, algo que preocupa a instituciones como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Estos organismos han subrayado la importancia de garantizar el pleno funcionamiento de los sistemas parlamentarios en los Estados miembros, ya que son esenciales para un gobierno representativo y responsable.
Cuando un Gobierno recurre frecuentemente a los decretos ley para evitar el debate parlamentario, se pone en cuestión la democracia participativa y la capacidad de las Cortes Generales de ejercer su función legislativa.
Preocupación por la falta de control parlamentario
Otro aspecto que se ha señalado es la falta de control parlamentario. La Comisión Europea ha insistido en que las democracias deben ser transparentes, y las decisiones importantes deben someterse a un debate parlamentario adecuado.
Si bien España tiene un sistema jurídico que permite los decretos ley en situaciones de emergencia, la Comisión ha observado que la frecuencia con la que se recurre a este mecanismo puede resultar en una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo y en la falta de supervisión por parte de los representantes elegidos por los ciudadanos.
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