«El procedimiento tramitado para la contratación de las obras no ha sido el correcto»
Corrupción26 de marzo de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue desempeñando un papel fundamental en la lucha contra la corrupción en el ámbito político y administrativo en España.
Su última investigación ha puesto en el punto de mira a David Lucas Parrón, actual Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, quien, durante su tiempo como alcalde de Móstoles (2015-2018), habría incurrido en irregularidades relacionadas con el fraccionamiento de contratos públicos por un valor total de 384.000 euros.
Este caso, que involucra la presunta fragmentación de contratos para evitar los controles administrativos, está generando una gran repercusión mediática y política, y ha suscitado interrogantes sobre las prácticas de gestión pública en el ámbito municipal.
En el verano de 2016, el Consistorio aprobó ocho contratos menores para reformas en colegios públicos de la localidad por un valor total de 384.956,82 euros, adjudicados a cinco empresas diferentes.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha concluido que se produjo un «fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación».
El informe de la UCO revela que estas adjudicaciones fueron formalizadas por Jessica Antolín, entonces teniente de alcalde, mediante un decreto por el que avocó competencias que hasta ese momento correspondían al concejal de Hacienda.
Además, el interventor general del Ayuntamiento ya advirtió en su momento sobre estas presuntas irregularidades: «El procedimiento tramitado para la contratación de las obras no ha sido el correcto».
El caso: fraccionamiento de contratos
Según informes detallados, la UCO ha identificado que durante su mandato como alcalde, Lucas Parrón habría dividido ciertos contratos de obras en partes más pequeñas, una práctica conocida como "fraccionamiento", con el fin de eludir los umbrales de control establecidos por la ley.
Otra sospecha de los investigadores es que Instalaciones y Reformas Julián Hidalgo SL recibió un contrato para reformar el CEIP Gabriel Celaya por 57.472 euros, a pesar de tener solo cuatro trabajadores en plantilla que supuestamente cobraron sólo 3.839 euros en todo el año.
«Es por ello que existe la posibilidad de que esta empresa hubiese subcontratado los trabajos que se le adjudicaron a otra empresa», advierte la UCO.
Pagos cruzados
La investigación también ha detectado numerosas relaciones comerciales entre las empresas adjudicatarias. Especialmente llamativos son los pagos cruzados entre Constructora de Servicios Públicos SA y Unión Vialco SL, que superaron los 169.000 euros en dos años, mientras ambas competían por los mismos contratos públicos.
Otro de los focos de la investigación se centra en los contratos de comunicación y publicidad. Las sociedades vinculadas a dos empresarios fueron beneficiarias de más de cien contratos menores entre 2015 y 2019, por un valor global superior a los 560.000 euros. El informe señala que las empresas de uno de ellos recibió pagos del Ayuntamiento que representaban más del 80% de sus ingresos totales.
El objetivo de esta maniobra habría sido evitar la necesidad de convocar procedimientos de licitación pública, lo cual permite una mayor transparencia y competencia en la adjudicación de contratos. En lugar de realizar un único contrato por un importe elevado, el fraccionamiento permitió que los contratos se adjudicaran de manera más discreta, sin tener que pasar por un control más estricto.
Este tipo de actuaciones son consideradas ilegales, ya que violan los principios de transparencia, objetividad y competencia que deben regir en la contratación pública. La fragmentación de contratos de forma intencionada no solo reduce la posibilidad de acceso para otras empresas, sino que también aumenta el riesgo de que se realicen adjudicaciones sin las garantías necesarias.
La UCO, en su labor de investigación, ha podido documentar la existencia de estos contratos fraccionados, lo que ha llevado a una intensificación de las pesquisas.
La figura de David Lucas Parrón, quien es actualmente Secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, añade un componente político relevante a la investigación.
Si bien la trama de fraccionamiento de contratos no ha sido confirmada de manera definitiva, su implicación en el caso podría tener repercusiones dentro del seno del gobierno. La imagen del Ejecutivo socialista de Sánchez podría verse afectada, ya que la lucha contra la corrupción es uno de los pilares de su discurso político.
Lucas Parrón, que en su día también fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se encuentra ahora bajo una intensa presión debido a las investigaciones en su contra. Además, la implicación de un miembro del gobierno en presuntos casos de corrupción podría poner en riesgo la estabilidad política del Partido Socialista, al generar dudas sobre la transparencia de sus procesos internos y administrativos.
En términos legales, el fraccionamiento de contratos puede conllevar serias sanciones. En el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, las autoridades pueden anular los contratos implicados, imponer multas a los responsables e, incluso, inhabilitar a los funcionarios implicados por su implicación en prácticas corruptas. En este sentido, la investigación continúa, con la UCO recabando pruebas y testimonios que puedan confirmar las sospechas.
Móstoles, el epicentro de una trama de corrupción
Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, Móstoles ha sido escenario de diversas investigaciones relacionadas con la gestión pública del Ayuntamiento y la posible malversación de fondos. Según diversas fuentes, la UCO ha identificado otras irregularidades en el municipio, lo que ha elevado el nivel de alarma entre los organismos de control y los ciudadanos.
En concreto, algunos informes revelan que la UCO ha detectado desvíos de dinero público, presuntas relaciones entre funcionarios municipales y empresas vinculadas a políticos del PSOE, así como otras prácticas sospechosas que podrían implicar a varios responsables del gobierno local.
Entre los casos más relevantes, se encuentra el del ex concejal de Presidencia, Roberto Sánchez Muñoz, quien se habría beneficiado de contratos en favor de una imprenta dirigida por un amigo suyo, desviando más de 38.000 euros en pagos públicos.
Estas investigaciones apuntan a una posible red de clientelismo que operaba en Móstoles, con la colaboración de funcionarios y empresas cercanas al PSOE, lo que refuerza la hipótesis de que la corrupción podría haber tenido un impacto negativo en las finanzas municipales durante el mandato de Lucas Parrón y otros responsables.
La UCO y su rol en la lucha contra la corrupción
La UCO de la Guardia Civil, conocida por su independencia y eficacia, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su labor en la lucha contra la corrupción.
Esta unidad especializada en investigar delitos complejos, incluyendo los relacionados con la administración pública, tiene un historial de casos de gran impacto en la política española. Su capacidad para descubrir y exponer prácticas ilegales, como el fraccionamiento de contratos, ha sido clave en la desarticulación de tramas corruptas a lo largo de los años.
El trabajo de la UCO en Móstoles, junto con otros casos recientes, subraya la importancia de tener organismos de control fuertes y autónomos que sean capaces de investigar y esclarecer casos de corrupción sin interferencias políticas.
De hecho, la actuación de la UCO en este caso se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por mejorar la transparencia en la administración pública y sancionar de manera ejemplar las malas prácticas en la gestión de fondos públicos.
El futuro del caso y la presión política
El caso de David Lucas Parrón y el fraccionamiento de los contratos en Móstoles refleja una problemática recurrente en la gestión pública española: la corrupción. Aunque aún es pronto para saber si este caso llevará a consecuencias legales definitivas para el Secretario de Estado, lo que está claro es que la presión sobre él, tanto a nivel político como social, es considerable.
Si la investigación sigue adelante y se confirma la implicación de Lucas Parrón en el fraccionamiento de contratos, podría enfrentarse a sanciones graves.
Sin embargo, independientemente de la resolución final del caso, la investigación pone de manifiesto la necesidad urgente de seguir luchando contra las prácticas corruptas en la administración pública, tanto en los gobiernos locales como en los nacionales.
Además, la UCO continuará con su labor de fiscalización y control, mientras se espera que el gobierno de Pedro Sánchez tome medidas para garantizar que los responsables de esta y otras posibles irregularidades sean castigados con la severidad que la ley exige.
Este escándalo también subraya un mensaje claro: la lucha contra la corrupción no tiene color político y debe ser una prioridad en todos los niveles de gobierno. En última instancia, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la preservación de los valores democráticos fundamentales.
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