Impacto España Noticias
La deriva autoritaria de la ministra de Sanidad, la comunista Mónica García, vuelve a evidenciarse con su último ataque contra la libertad y la conciencia de los médicos españoles.
Bajo su mandato, el Gobierno socialista-comunista impulsa un registro de objetores de conciencia al aborto, un mecanismo propio de regímenes totalitarios cuyo único objetivo es señalar, vigilar y acorralar a los profesionales sanitarios que se niegan a participar en la eliminación de vidas inocentes.
Vuela de tuerca
En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad aprobó el «Protocolo para la creación del Registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo».
No satisfecha, Mónica García ha vuelto a la carga, anunciando públicamente que «no puede haber vacíos en la cobertura del aborto por falta de profesionales». Una declaración que deja clara su obsesión: imponer el aborto, esto es, el asesinato de bebés como un deber profesional, cercenando el derecho a la objeción de conciencia.
Niega un derecho recogido en la Constitución Española
La ministra comunista convierte en sospechosos a aquellos médicos que, por seguir el juramento hipocrático que realizaron, por principios éticos o religiosos, se niegan a participar en el aborto. Pero la objeción de conciencia es un derecho fundamental, recogido en el artículo 16.1 de la Constitución Española y avalado por el Tribunal Constitucional. Además, la Ley Orgánica 2/2010 reconoce expresamente que los profesionales sanitarios no pueden ser discriminados por ejercerlo.
Facilita la persecución: Listas negras
Sin embargo, este protocolo lo convierte en un trámite burocrático que facilita la persecución. Cada comunidad autónoma deberá crear un registro propio donde médicos, anestesistas, matronas, enfermeros y otros profesionales deban inscribirse, detallando incluso si su objeción es total o parcial. Es el primer paso hacia la erosión de un derecho fundamental.
La realidad es clara: todo registro de disidentes acaba funcionando como un mecanismo de presión y coacción. ¿Quién querrá inscribirse sabiendo que esa lista negra puede usarse en su contra en promociones, traslados o contrataciones?
El problema no es organizativo. Es puramente ideológico y sectario. La ministra no quiere mejorar la sanidad ni garantizar recursos. Simplemente no tolera que existan médicos que piensen distinto. Mónica García lo deja claro al afirmar que solo 2 de cada 10 abortos se realizan en la sanidad pública. Para ella, el problema son esos profesionales que, fieles al juramento hipocrático de «no hacer daño», se niegan a matar a un ser humano en el vientre materno.
Señalar, listar y vigilar
La solución del Gobierno es clara: señalar, listar y vigilar, propio de las dictaduras comunistas. Pero ni una sola medida para organizar un registro de médicos dispuestos a practicar abortos, como sí se hizo con la eutanasia en Nueva Zelanda, donde se elaboró un directorio de voluntarios sin necesidad de perseguir a nadie.
La ministra comunista dinamita transforma el sistema público en un campo de batalla donde solo caben los que obedecen. Libertad de conciencia, pluralismo y derechos individuales se convierten en papel mojado ante el avance de la imposición ideológica.
El verdadero objetivo es claro: Mónica García quiere un sistema sanitario sin conciencia, donde los médicos «simplemente obedezcan» y ejecuten lo que el Estado ordena. El Gobierno quiere reclutar médicos al servicio de la cultura de la muerte.
Cuando un gobierno necesita listas negras para aplicar una ley, no está protegiendo derechos, está imponiendo su ideología comunista. Y cuando el Estado empieza a vigilar a los que piensan distinto, lo que está en juego no es solo el aborto, es la libertad de todos.
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