Los narcos suben la presión en Cádiz: ataques a la juez de Barbate y a un jefe antidroga tras localizar sus casas

El ataque al coche de la jueza que envió a prisión a El Cabra y su banda por los asesinatos de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate en febrero de 2024 es un punto y seguido a la situación que viven los garantes de la ley -guardias civiles, policías, jueces y fiscales- en la costa de Cádiz y en el Campo de Gibraltar.

El hecho tiene un plus de gravedad y simbolismo porque, al margen de los destrozos en el vehículo, la vandalización se cometió en la puerta de su casa, donde estaba aparcado. Es decir, los responsables del ataque saben dónde vive y este acto puede interpretarse como un aviso.

En calidad de jueza sustituta, María Eulalia Chanfreut enfrentó un hecho sin precedentes: la embestida mortal de una narcolancha a la zodiac del Instituto Armado que intentaba que abandonara la instalación portuaria.

La Guardia Civil señaló a El Cabra y a otros cinco hombres, ella los encarceló aunque meses más tarde enmendó el error y arrestó a Karim El Baqqali, alias El Enfadao, como la persona que conducía la narcolancha. Chanfreut denunció ante la Guardia Civil la vandalización de su vehículo, aparcado en la puerta de su domicilio particular, el pasado 8 de marzo.

Tenía las cuatro ruedas pinchadas y pintura había sido rociado con pintura tanto en el capó como en el techo y en los laterales, y el símbolo trasero de la marca del fabricante había sido sustraído.

Otro suceso idéntico ocurrido el pasado 19 de diciembre -y desconocido hasta ahora- da cuenta de la situación de acoso y agresiones que sufren policías y guardias civiles por parte de las mafias de la droga. El coche de uno de los responsables de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico amaneció totalmente calcinado en la puerta de su vivienda. Al igual que en el caso de la magistrada, también se interpretó como una advertencia.

La mano de los clanes del narcotráfico no se queda en quienes los combaten sino que extiende la presión a sus familias así que muchos agentes optan por elegir otros destinos, con lo que sus puestos de trabajo son de paso y no consolidan. En los últimos tiempos, el Campo de Gibraltar ha sido el escenario de vistosas persecuciones, alijos a pleno sol e incluso del asalto a un hospital para liberar a un traficante custodiado.

La sucesión de calificativos sobre la comarca de España que hace huir a policías y a guardias civiles es demoledora. Las grandes familias de la droga se han hecho dueñas de todo, «están cómodas» e incluso poseen armas de guerra con la que protegen sus alijos cuando alcanzan la costa a plena luz del día. Con total impunidad. Los agentes y sus familias trabajan y viven bajo la presión constante del entorno que apoya u opera para los traficantes.

Muchos de los efectivos han optado por vivir en otras poblaciones alejadas de su lugar de trabajo para evitar represalias. Las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están a la orden del día. «Durante las intervenciones se graba a los agentes para exponer sus datos en las redes fomentando el acoso a sus familias». También sucede con jueces y fiscales.

La Línea de la Concepción, Algeciras y Tarifa se han convertido en un castigo para policías y guardias civiles. Nadie quiere trabajar allí. Así lo demuestra que, años tras años, más del 40% de la plantilla policial pide el traslado. El problema es que los agentes no terminan de arraigarse a una zona en la que contar con equipos consolidados es esencial para enfrentar con efectividad el tremendo problema que concentra y que el Ministerio del Interior sigue sin abordar, denuncian, de manera integral y contundente.

Policías y guardias civiles vuelven a exigir al ministro Fernando Grande-Marlaska la declaración urgente del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES) por la aspereza del destino. El Gobierno continúa sin atender esta solicitud, casi clamor ya.

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Estas circunstancias retrotraen a quienes luchan contra la droga en la zona a septiembre de 2022. Interior decidió prescindir del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur -integrado por 130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y actividades ligadas a ella como el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción-, a pesar de haber pulverizado las estadísticas en detenciones e incautaciones de alijos desde su creación.

Era un grupo en comisión de servicio disponible las 24 horas y los siete días de la semana que, recuerda uno de los mandos del Campo de Gibraltar, «mantuvo tan a raya al narcotráfico que las cosas cambiaron». Los clanes de la droga de la zona lo temían, le hacían vigilancias y cuando, contra todo pronóstico, se desmanteló celebraron su marcha.

Desde entonces, indica un guardia civil que integra un equipo contra el narcotráfico, hay un desgobierno palpable. «Ya no hay control, las entradas de droga han subido. Ahora hay muchas peleas entre narcos, secuestros entre ellos.

La situación no deja de agravarse». La judicatura también reacciona ante el ataque a la jueza: «Estos sucesos causan una profunda inquietud en la judicatura . Es fundamental que contemos con garantías personales y materiales que nos protejan».

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