El 26 de marzo se emitió el debate sobre prostitución moderado por Gemma Nierga en la cadena pública española. No podemos dejar de denunciar la manifiesta manipulación del debate desde el programa 59 segundos.

En primer lugar porque se expuso una presentación inicial con datos ostentosamente falsos, y lo segundo porque todos los cortes y testimonios añadidos lo fueron para generar sesgo y confusión. 

Fue bastante vergonzoso escuchar a la activista pro criminalización Carol L. presentada por Gemma como una intervención espontánea del público.

 
También sorprendente y reseñable que el programa decida invitar a Bob Pop como defensor de las libertades en la sexualidad cuando fue muy recientemente uno de los principales canceladores de Telmo Irureta cuando defendió el trabajo sexual en la recogida de su premio Goya en 2023.

 
Sin embargo, por encima del intencionado acto de manipulación de mezclar testimonios de víctimas de delitos que nadie debate (víctimas de explotación sexual o trata de personas) con la mesa de plató, lo más alarmante sigue siendo la propagación de datos falsos que son BULOS indefendibles en ningún ámbito de mínima seriedad.

1) Volver a emitir que el 80% del trabajo sexual roza es trata lo delirante. Ningún experto que analice el trabajo sexual es capaz de defender tal mentira. Incluso el macroestudio del Ministerio de Igualdad, con su absurda metodología, sólo pudo encontrar “indicios” de potencial delictividad en un porcentaje muy minoritario del global de la actividad.

2) Exclamar que todo el dinero del trabajo sexual es en negro es igualmente aberrante. El trabajo sexual plantea particularidades (sufre de estigma) que exigen protección de identidades y de la propia actividad y eso no lo hacen menos legítimo. Que no esté en la contabilidad normativa no quiere decir que no cotice y se declare en importantes proporciones.

3) No somos el primer país de demanda de sexo y nunca lo hemos sido. Algunas fuentes sugeridas como justificación son hilarantes. El consumo real en España de servicios ronda el 5-8% de la población masculina, muy lejos de los datos que quieren generar pánico moral para impulsar sus intereses.

4) La cifra del 0,35% del PIB en gasto en erotismo virtual y servicios sexuales remunerados es una cifra que podría no ser alejada de la realidad. Es cercana en volumen al sector del tatuaje en conjunto. Dicho en millones de euros al ciudadano medio le podría resultar alarmante. No difiere (o más bien minora) el de otros países de nuestro entorno.

Afra Blanco, de sindicalista protestando en toples, ha vocera de Pedro Sanchez

5) Prohibición o legalización. El trabajo sexual involucra la sexualidad, y como tal no puede analizarse al mismo nivel que otras actividades que no generan estigma o revelan aspectos de la conducta sexual, aunque haya dinero involucrado. Forzar al espectador a elegir entre prohibición o legalización profesional convencional es una falsa dicotomía, una trampa. No es un trabajo común, pero ello no le resta menos legitimidad.

6) Las legislaciones de regulación de los años 2000 (Alemania, Países Bajos) no abordaron el trabajo sexual desde la perspectiva que se aborda en la actualidad. Se intentó mercantilizar la actividad desde la óptica económica convencional. Fueron regulaciones incompletas y a veces contraproducentes. No se deben mezclar las  legislaciones de Nueva Zelanda o Bélgica con textos legislativos de hace 20 años.

Tampoco obviar que el impacto de normas municipales (y sus policías locales) y las leyes regionales generan en conjunto un escenario siempre heterogéneo y muy dispar entre territorios de un mismo país. Cataluña es una región española con una regulación vigente que nunca es mencionada en los debates y reportajes.

7) En España el proxenetismo no se define penalmente como simple lucro indirecto del trabajo sexual. Han de existir circunstancias de abuso o coacción para que el código penal sea de aplicación. Si el proxenetismo ya tuviera una definición amplia e indiscriminada, el abolicionismo no estaría pidiendo con tanta insistencia el endurecimiento del código penal.

En la práctica es la única medida tangible, inmediata y real que se intenta imponer desde un movimiento que sería mejor descrito como represor o “criminalizador”. 

  Así nos sentimos cuando se habla (y legisla) sobre lo que nos sustenta y más conocemos y se nos suplanta en el debate.

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