Impacto España Noticias
La investigación judicial sobre el presunto macrofraude en el sector de los hidrocarburos continúa revelando la compleja arquitectura societaria utilizada para ocultar millones de euros en concepto de IVA. Uno de los focos de la causa se sitúa ahora en Espaeventos, una de las siete empresas interpuestas bajo sospecha, a la que la Agencia Tributaria atribuye transferencias por valor de 2,1 millones de euros a Portugal en apenas dos ejercicios fiscales.
Según la documentación incorporada al procedimiento, estas operaciones forman parte de una operativa más amplia que, de acuerdo con los investigadores, tenía como objetivo alejar los fondos del circuito financiero español, dificultar su rastreo y encubrir su verdadero origen. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que esta sociedad fue utilizada como instrumento para canalizar dinero procedente de actividades presuntamente ilícitas vinculadas a la comercialización de carburantes.
Una trama dirigida desde la sombra
La UCO señala a Víctor de Aldama y Claudio Rivas como los presuntos codirectores de la estructura, una red empresarial vinculada al entorno de Villafuel que habría servido para ocultar el IVA generado en operaciones de hidrocarburos. Para ello, según los investigadores, se apoyaban en testaferros y administradores aparentes que figuraban legalmente al frente de las sociedades, mientras las decisiones reales se tomaban desde fuera.
Además de Espaeventos, la red estaría integrada por otras seis compañías: Obaoil 3000, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Salamanca Fuel Center. En conjunto, el fraude investigado supera los 231 millones de euros, una de las cifras más elevadas detectadas en este sector en los últimos años.
Transferencias millonarias y destino portugués
Un informe de la Agencia Tributaria fechado en mayo del año pasado detalla que Espaeventos transfirió 1,3 millones de euros en 2023 y otros 822.159 euros en 2024 a cuentas bancarias situadas en Portugal. El dinero fue distribuido en cuatro cuentas diferentes.
Dos de ellas están identificadas: una a nombre de Palacios & Abadías, que recibió dos transferencias por importes de 288.004 euros y 379.141 euros, y otra vinculada a Letras y Contrastes, que percibió 290.922 euros y 210.376 euros en dos envíos separados. En cambio, las otras dos cuentas receptoras, que concentraron cerca de 956.000 euros, no han podido ser atribuidas a titulares concretos, lo que refuerza las sospechas de ocultación patrimonial.
Hacienda subraya que estas salidas de fondos guardan relación directa con operaciones intracomunitarias declaradas por valor de 1,8 millones de euros, y añade que otras empresas de la trama, como Salamanca Fuel Center y Casmar Hidrocarburos, también remitieron dinero a las mismas cuentas portuguesas.
El papel de los testaferros
Uno de los testimonios clave es el de José Fernández Rosado, quien compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en calidad de investigado. Fernández reconoció haber actuado como testaferro de Espaeventos y aseguró que aceptó figurar como administrador a cambio de una remuneración que, según afirmó, nunca llegó a percibir.
En su declaración, explicó que las órdenes operativas y las instrucciones para firmar transferencias bancarias procedían de Miguel Romero Bravo y Cristian Corvillo, este último conocido por haber trabajado como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017. Según Fernández, ambos dirigían de facto la sociedad, pese a que el administrador único que figuraba oficialmente desde su constitución en enero de 2023 era Juan Manuel Rodríguez Vélez.
Espaeventos fue creada en Ciudad Real y trasladó su domicilio social a Córdoba en abril de 2023, provincia de origen de Corvillo. Fernández abandonó la empresa ese mismo año tras varios conflictos, entre ellos la aparición de un ingreso de un millón de euros cuyo origen desconocía y su negativa a asumirlo como propio, así como su rechazo a seguir realizando transferencias a Portugal.
Antes de desvincularse formalmente de la sociedad, el 19 de diciembre de 2023, reconoció una deuda cercana a los 10 millones de euros con la Agencia Tributaria, cifra que se aproxima a los 11,9 millones de IVA que Hacienda atribuye a Espaeventos dentro del fraude global.
Pagos “por no hacer nada”
El uso de hombres de paja no se limita a esta empresa. Días antes de la declaración de Fernández, Javier Sequi, vinculado a Salamanca Fuel Center, admitió ante el mismo juez que cobró 10.500 euros durante tres meses “por no hacer nada”. Según su relato, fue colocado como administrador tras conocer al verdadero responsable de la empresa en un club nocturno, lo que evidencia, a juicio de los investigadores, el carácter instrumental de su nombramiento.
La UCO sostiene que Salamanca Fuel Center también fue utilizada para desviar fondos a Portugal, repitiendo el mismo esquema de vaciado de cuentas y pérdida de trazabilidad. En este contexto aparece Corvillo Energy, administrada por Rubén Corvillo, hermano de Cristian, que facturó 175.450 euros a esta sociedad.
Vínculos empresariales y otras investigaciones
Los investigadores sospechan que Rubén Corvillo pudo actuar igualmente como testaferro de Aldama. Entre los indicios, figura su participación en el pago de avales que permitieron la adjudicación de dos hoteles en San Roque (Cádiz) por un periodo de 40 años, así como su relación societaria con personas del entorno del comisionista.
Varias de las empresas vinculadas a la trama comparten domicilio social en un edificio de la calle Antonio Maura de Madrid, donde también se encuentra el despacho profesional de Aldama, investigado en otras causas por corrupción. Además, la Guardia Civil investiga las conexiones entre esta red y la trama de las mascarillas, en la que algunos de los mismos actores aparecen relacionados por encuentros, gestiones empresariales y movimientos societarios coincidentes.
Entre estos indicios figura el traslado de la sede de una inmobiliaria clave a Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), localidad de origen de los hermanos Corvillo, apenas semanas antes de una de las detenciones clave en la causa.
Una investigación en expansión
El caso del fraude de los hidrocarburos sigue abierto y bajo secreto parcial. Tanto la UCO como la Agencia Tributaria continúan analizando movimientos bancarios, estructuras empresariales y responsabilidades individuales, en una causa que ya se perfila como una de las más complejas por volumen económico, número de sociedades implicadas y ramificaciones empresariales y personales.
Mientras avanzan las diligencias, los investigadores insisten en que el uso de empresas pantalla, testaferros y transferencias internacionales fue una pieza central del engranaje diseñado para defraudar al erario público, una estrategia que ahora está siendo desmantelada en sede judicial.
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