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Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Elma Saiz y Jordi Hereu. El presidente del Gobierno y cuatro de los ministros del Ejecutivo tienen algo en común: han estudiado en universidades privadas, centros que ahora Sánchez califica de «chiringuitos educativos».
El propio presidente del Gobierno se sacó la carrera de Económicas en el Real Centro Universitario María Cristina y, posteriormente, presentó su famosa tesis doctoral plagiada en la Universidad Camilo José Cela, ambos centros de titularidad privada.
Sánchez ha anunciado que el Gobierno emprenderá una batalla contra los centros universitarios privados, a los que ha tildado de «chiringuitos», olvidando que tanto él como su mujer y varios miembros de su Ejecutivo han obtenido títulos universitarios de este tipo de centros.
El currículum educativo del presidente del Gobierno ha sido motivo de polémica en muchas ocasiones: Sánchez cursó la licenciatura de Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, una entidad privada adscrita la Universidad Complutense de Madrid, cuyo coste supera los 6.000 euros.
El propio Sánchez intentó desvincularse de la universidad privada, ocultando dónde había estudiado tanto en su primera ficha en el Congreso como en su biografía oficial.
Pero no se quedó ahí. Sánchez tiene un doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela, una universidad privada fundada en 2000 en Villanueva de la Cañada (Madrid), dónde presento su famosa tesis doctoral plagiada de un estudio realizado por un funcionario del Ministerio de Industria.
La mujer del presidente, Begoña Gómez, no tiene una licenciatura oficial, pues cursó sus estudios en una escuela de negocios privada, Escuela M&B, sin homologación oficial.
Allí recibió el Título Superior en Marketing y Administración de Empresas, sin convalidación oficial. Recientemente, Gómez ha obtenido un diploma en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), considerada la mejor universidad del mundo y que, por supuesto, es privada.
Cuatro ministros, alumnos de la privada
A pesar de abanderarse como el Gobierno que defiende lo público, hasta cuatro ministros de Sánchez han cursado sus estudios en universidades privadas. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, obtuvo su título de licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, una universidad privada fundada en 1886 por la Compañía de Jesús en Bilbao.
En este mismo centro también cursó la carrera de Derecho el socialista José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, obtuvo su título de licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, una universidad privada fundada en 1952 por el Opus Dei en Pamplona. La titular de Seguridad Social también tiene un Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la misma universidad.
Por último, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, obtuvo su título de licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, una escuela de negocios privada fundada en 1958 y actualmente adscrita a la Universidad Ramon Llull, también privada. Además, Hereu también tiene un Master of Business Administration MBA por ESADE.
Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros una ley que endurecerá los criterios para la creación de universidades privadas, con la que reforzará las exigencias a los centros privados, añadiendo al informe de la Conferencia General de Política Universitaria un informe de evaluación preceptivo elaborado por la Aneca o las agencias autonómicas equivalentes. Este informe será vinculante en el proceso de creación de nuevas universidades.
En segundo lugar, se endurecerán los criterios de apertura de nuevas universidades y se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio.
«Vamos a reformar las garantías de solidez económica. Vamos a pedir que se asuma el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda y se va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores. Y tendrán requisitos, por tanto, más estrictos», ha puntualizado Sánchez.
En materia de investigación, para asegurar un compromiso real con la generación de investigación y de conocimiento, el Gobierno propone que las universidades online se consideren de ámbito nacional «porque su radio de actuación es en la práctica todo el país».
De este modo, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales «para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio».
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