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Utah se ha convertido en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir ondear la bandera del arcoiris en colegios y edificios gubernamentales tras la entrada en vigor de una nueva ley que restringe el uso de banderas no autorizadas en espacios públicos.
La medida, que comenzará a aplicarse oficialmente el 7 de mayo, contempla sanciones económicas de 500 dólares diarios para cualquier edificio público —tanto estatal como local— que incumpla la norma.
La legislación, promovida por legisladores republicanos, sólo permite exhibir una lista limitada de enseñas: la bandera de los Estados Unidos, la del estado de Utah, banderas militares y otras pocas previamente aprobadas por el Congreso estatal.
Quedan expresamente prohibidas aquellas que tengan connotaciones políticas o partidistas, incluyendo tanto banderas del movimiento LGTBIQ+ como insignias vinculadas al presidente Donald Trump con el lema «Make America Great Again».
La norma ha desatado un conflicto abierto entre el gobierno estatal y la ciudad de Salt Lake City, de perfil mucho más progresista. Cada año, durante el Mes del Orgullo en junio, los edificios oficiales de la capital se visten con banderas arcoíris y se iluminan con luces multicolores para mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQ+.
Desde que se conoció la aprobación legislativa, las autoridades municipales han redoblado esa simbólica protesta, encendiendo las luces arcoíris cada noche como gesto de rechazo a la medida.
La oficina de la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, ha confirmado que sus equipos legales están revisando la normativa para analizar sus implicaciones. Por el momento, no se ha anunciado qué postura adoptará el ayuntamiento una vez que la ley entre en vigor.
El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, ha optado por permitir que la ley se promulgara sin necesidad de estampar su firma. Aunque ha expresado alguna crítica sobre su posible alcance, ha reconocido que su veto habría sido inútil ante la mayoría republicana del Legislativo, que probablemente lo habría revertido.
En una carta enviada a los líderes del Parlamento estatal, Cox ha reconocido que comparte la idea de mantener las aulas libres de adoctrinamiento político, pero ha criticado que la norma se centre únicamente en las banderas, dejando de lado otros medios de expresión ideológica como pancartas o sistemas de iluminación.
Los impulsores de la legislación, el representante Trevor Lee y el senador Dan McCay, han defendido el proyecto como «una forma de preservar la neutralidad institucional de los empleados públicos, especialmente en el ámbito educativo».
Eso sí, desde diversos colectivos han denunciado que la ley «tiene como objetivo silenciar las manifestaciones de apoyo a la diversidad sexual y limitar la autonomía de los municipios que no comparten la agenda del gobierno estatal».
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